Insumisión y cárcel

DIVERSOS INDICIOS apuntan a un sutil pero efectivo cambio de actitud de la Administración ante el fenómeno de la insumisión, alimentado por el creciente número de jóvenes que rechazan el modelo de servicio militar obligatorio y de prestación social sustitutoria. El director general de Objeción de Conciencia reflexionaba recientemente, y por vez primera en voz alta, sobre la conveniencia de reformar el actual marco legal de la prestación social, desmilitarizando su concepción y modificando su régimen sancionador de carácter penal. Ahora, una reforma del reglamento penitenciario contempla la posibilidad de que los insumisos condenados por sentencia firme no cumplan prisión y accedan directamente al régimen abierto, que les permite hacer su vida normal con la única obligación de pernoctar en el recinto penitenciario.La reforma no afecta sólo a los insumisos. También afecta a ese tipo de delincuentes que han dejado de serlo por haberse rehabilitado antes de ingresar en prisión (es el caso de los ex toxicómanos condenados por delitos antiguos, de su etapa de drogadicción) o cuya infracción es penalmante tan nimia que no justifica su paso por la cárcel (es el caso de los infractores de algunas normas de tráfico). Pero, sin duda, el objetivo de la reforma se acomoda, mejor que a cualquier otro, al perfil de la conducta del insumiso.

Los jueces, enfrentados a la ardua tarea de encajar en un tipo penal conductas asentadas en firmes convicciones ideológicas de carácter pacifista, han optado en general por imponer la mínima sanción permitida y por resaltar la dimensión puramente formal de un delito que castiga, mas que una actitud insolidaria, un concepto de solidaridad no coincidente con el de la ley. Este tipo de conductas no es reinsertable (no hay nada que reinsertar). De ahí que no tenga sentido sancionarlas con la cárcel. Algo que la experiencia penitenciaria, ha verificado en la práctica (desde 1991 han sido encarcelados 73 insumisos, y durante 1993 se celebrarán más. de 300 juicios), de acuerdo con los informes oficiales sobre este tipo de reclusos. De entrada, se señala la imposibilidad de reincidir en un delito que, como el de la negativa a cumplir la mili y la prestación sustitutoria, se agota con el cumplimiento de la pena. Y algo obvio: los insumisos no suponen un peligro social ni presentan los rasgos de carencia de personalidad propios del delincuente tradicional. Pero, además, estas observaciones penitenciarias se complementan con informes sociológicos e incluso con sentencias judiciales que señalan el compromiso efectivo de muchos de estos jóvenes con organizaciones de tipo social.

Salta a la vista, pues, la improcedencia de hacer frente a este movimiento antimilitarista (actualmente existen 3.800 insumisos reconocidos) con el Código Penal y no con la adaptación de la norma a la verdadera naturaleza del problema. No tiene sentido empeñarse en mantener un modelo de servicio social tan mimético del militar, que sirva de caldo de cultivo para la deslegitimación de uno y otro. Tampoco lo tiene echar sobre los jueces el peso de una tarea que se revela imposible de cumplir: contener con la amenaza de la cárcel comportamientos que tienen que ver con valores fuertemente enraizados en amplios sectores de la juventud y que cuentan con el apoyo o la tolerancia de una buena parte de la sociedad.

De ahí que sean cada vez más numerosas las voces -de la judicatura, pero también de la política- que abogan por una reforma del marco legal de la prestación social y por la despenalización de la negativa a realizarla. Algunas han avanzado ideas concretas que pueden ser muy útiles a la hora de la reforma: desligar totalmente el servicio social del militar, de modo que sea una alternativa y no una modalidad sustitutoria del mismo, y potenciar el voluntariado social en el marco de una nueva ley del servicio civil que ofrezca a los jóvenes una opción real de compromiso solidario con la sociedad, tanto en organismos públicos como de otro tipo.