Ayuntamiento y Comunidad van a pactar este año la ley de capitalidad
El Ayuntamiento y la Comunidad reanudaron ayer, tras ocho meses de parón político, las negociaciones para redactar una ley de capitalidad para Madrid, con el objetivo de remitir un texto articulado a la Asamblea antes de que acabe este año. El alcalde, José María Álvarez del Manzano, y el presidente regional, Joaquín Leguina, mantienen así su palabra, empeñada el pasado día 21 en El Escorial. Una delegación de la Comunidad con el más alto nivel que se recuerda -tres consejeros- acudió a la Casa Consistorial con una oferta de cohabitación política hasta las próximas elecciones locales y autonómicas."Hemos llegado al acuerdo de ponernos de acuerdo", resumió el contenido de la entrevista el primer teniente de alcalde, Luis María Huete. Para el portavoz del Gobierno autónomo, Jaime Lissavetzky, en la negociación de una ley que compense a Madrid de los gastos de la capitalidad deberán participar los partidos políticos, además de las instituciones. Tras la sanción del Parlamento autónomo, la aprobación definitiva del estatuto especial de la capital corresponde a las Cortes Generales.
Mesas de negociación
Mientras la Comunidad insiste en que la financiación especial del municipio de Madrid es una cuestión que escapa a sus atribuciones y que el Ayuntamiento debe negociar con el Gobierno central, el equipo local del PP reclama que la ley de capitalidad delimite las competencias de cada institución.Por el momento, las dos administraciones madrileñas han decidido aparcar sus contenciosos en mesas de negociación sectoriales para evitar, en palabras de Huete, "que salgan a la luz los pleitos antes de tiempo". Además de ratificar las mesas permanentes de las áreas de Transporte, Urbanismo y Medio Ambiente -así como la específica dedicada a la ley de capitalidad-, se acordó crear las de Educación, Cultura y Deporte, de Hacienda y de Servicios Sociales. Esta última incluirá los programas de inversiones en los distritos periféricos de la ciudad, dentro del plan de 50.000 millones aprobado por la Asamblea en 1991.
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