Major gana

ANTES DE conseguir, ayer, una victoria en la votación de confianza de la Cámara de los Comunes por un cómodo margen, John Major, el primer ministro conservador del Reino Unido, tuvo que hacer frente a los peores momentos de su carrera política. Agradecerá, sin duda, dejar atrás una semana en la que han peligrado su liderazgo, su Gobierno, la unidad de su partido, la legislatura y hasta la continuada presencia del Reino Unido en la CE. De haber perdido el voto de confianza, se habría visto obligado a convocar unas elecciones generales. Y éstas, considerando que la aceptación popular de su liderazgo es en este momento la peor que ha tenido un primer ministro en décadas, habrían devuelto el poder al Partido Laborista.Con la victoria de ayer, Major no logra anular, sin embargo, la posibilidad de la disolución del Parlamento y la convocatoria de comicios generales en los próximos meses. La situación en el interior del Partido Conservador es de tal división que va a resultarle difícil seguir gobernando sin haber retomado previamente el control de los tories. Las dificultades en que se ha encontrado metido el primer ministro en estos días -supuestamente sólo en torno a la ratificación del Tratado de Maastricht- han procedido sobre todo de la rebelión de los diputados conservadores euroescépticos, léase thatcheristas. Ello subraya la miseria de su partido: la rebeldía había puesto a Major contra las cuerdas y le hubiera fo

rzado a convocar unas elecciones que seguramente habría perdido estrepitosamente.Todo ha girado en torno a la aceptación o no por el Reino Unido del capítulo social del Tratado de Maastricht. Lo ilustra el hecho de que la cuestión de confianza versara específicamente sobre la política seguida por el Gobierno en el asunto de la Carta Social Europea. Esa política consiste en la ratificación del tratado, pero manteniendo simultáneamente la autoexclusión británica (la cláusula de opt-out, es decir, de tener la opción a salirse de la aplicación del capítulo) de la normativa social acordada en la ciudad holandesa. Esta postura fue tolerada por los restantes 11 miembros comunitarios.

Nada hay que un partidario conservador del mercado libre odie más que la intervención estatal -o, peor aún, la de Bruselas- en cualquier mercado, aunque sea liviana, y específicamente en el mercado de trabajo. Así es la ideología thatcheriana todavía hoy vigente en el Reino Unido. ¿Cómo es posible entonces que 23 diputados conservadores rebeldes votaran el pasado jueves a favor de la inclusión de la Carta Social en las obligaciones británicas respecto de Maastricht? Simplemente, porque si odian el capítulo social, odian Maastricht aún más, y les parecía que derrotando a Major en esta votación forzarían el rechazo del tratado o, cuando menos, el considerable retraso de su ratificación.

Y el Partido Laborista, al que no le importaría ver al Reino Unido sometido a la disciplina del capítulo social comunitario, se encontró con un aliado sorprendente aun cuando deseado. Claro que la política laborista es más compleja: ha pretendido bloquear la ratificación de Maastricht "hasta tanto el Gobierno comunique a la CE que tiene la intención de adoptar el Protocolo de Política Social". Sutil postura que pretendía poner en dificultades a todo el mundo. No hay duda de que lo consiguió: el Gobierno fue derrotado cuando pretendió, sencillamente, que los Comunes tomaran "nota de su política sobre la adopción del capítulo social". De todos modos, como la cuestión se refería solamente al protocolo, se entiende que el Tratado de la Unión estaba ya ratificado, y así lo cumplimentó la reina al firmar el documento de ratificación a falta de la votación del rechazo de la enmienda laborista que se discutió y que superó Major.

Detrás de todo el problema de la ratificación de Maastricht, del capítulo social y de la rebeldía conservadora existe una cuestión más cuya importancia, pese a ser formal, no es menor. Lord Rees-Mogg ha planteado a los tribunales la cuestión de si el Parlamento puede ratificar una ley que limita la soberanía nacional. Un punto fundamental en la cuestión de la división de poderes. Hizo bien la presidenta de los Comunes, Betty Boothroyd, en recordar secamente al High Court que con la ley en la mano ningún tribunal puede cuestionar las conclusiones de la Cámara de los Comunes en materia de legislación. Seguramente, los jueces le darán la razón.