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Las instituciones prometen realojar a 1.155 familias chabolistas para 1995

Los poblados de Los Focos, La Celsa y el Cerro Mica desaparecerán a finales de 1994 si las instituciones cumplen su palabra. Ayuntamiento y Gobierno regional se comprometen a que en dos años 1.155 familias chabolistas vivirán en pisos o casas bajas. Son las censadas por el Consorcio para el Realojamiento de la Población Marginada, con las que en reiteradas ocasiones se ha incumplido lo pactado. Pero aún no hay nada firmado: sólo el despido de 32 trabajadores del consorcio, negociado con los sindicatos, que ha levantado ampollas.

El primer paso es liquidar los mayores poblados chabolistas de la ciudad: Los Focos, con 268 casetas censadas en los distritos de Vicálvaro y San Blas; Cerro Mica, con 217, en Latina, y La Celsa, con 109, en Puente de Vallecas. Unas 328 familias de estos asentamientos podrían pasar a vivir en pisos. El gerente del Consorcio, Julio Fernández Mato, asegura: "En ningún caso vamos a alojar a más de tres familias gitanas por escalera, para evitar los conflictos".El proceso sería así. Algunos chabolistas pasarán a casas bajas ocupadas actualmente por personas que deberán ser realojadas en pisos. Otras familias irán directamente de la chabola a la vivienda en altura. Y aún habrá un último grupo que deberá alojarse en los cuatro nuevos asentamientos de prefabricados y casetas que está previsto construir: uno en la Cañada Real, otro en la carretera de Extremadura y otros dos en suelos aún sin concretar.

El de La Celsa, ya medio acabado, lleva ocho meses paralizado por problemas entre instituciones. Existe el compromiso de reiniciar ya las obras.

La segunda fase del plan supondrá desmontar aquellos Poblados que se construyeron con carácter provisional y que llevan años en pie. El mayor es el de Los Módulos, en la avenida de Guadalajara de San Blas, con 224 familias. Otros son el Cañaveral, en Vicálvaro, con 82 familias; San Fermín, en Usera, con 74, y Las Liebres, en Fuencarral, con 75.

Mismo censo

El censo de familias aún pendientes de vivienda se mantiene. Hace un mes, el delegado del Gobierno y presidente en funciones del Consorcio, Miguel Solans, hablaba de que algunos chabolistas han mejorado su nivel de renta. "No les vamos a dar casa porque sigan en la caseta", aseguraba. Pero no se ha hecho ninguna investigación más, aparte de los datos con que cuentan ya los trabajadores sociales.

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Una de las condiciones que ponían el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid para continuar con el Consorcio era el recorte de la plantilla, formada por 100 empleados: 29 en gerencia y 71 en los poblados. Eso ha significado 32 despidos. Con ellos se elimina el área de educación de jóvenes y adultos y se reduce el personal de gerencia y de trabajo social.

A partir de ahora, en los poblados se mantienen las escuelas infantiles para niños de hasta tres años. Pero se prescinde de las clases especiales de alfabetización y del carné de conducir, que se prestarán en los locales dependientes del Ministerio de Educación y Ciencia en cada distrito.

Según la consejera de Educación, Elena Vázquez, "si en otros programas hay un trabajador social por cada 100 familias no tenía sentido que en el Consorcio hubiera uno cada 15 familias".

Aguas turbias

Los 32 despidos han enturbiado aún más las ya revueltas aguas del Consorcio de Realojamientos. Los empleados afectados por la medida critican que el comité de empresa -formado CC OO, mayoritario, y UGT, que han actuado por unanimidad- "ha presentado los despidos en bandeja". Y se preguntan por qué "entre los expulsados hay 14 afiliados de UGT, 17 no sindicados y ningún afiliado o simpatizante de CC OO".Estos trabajadores no entienden cómo han ido a la calle veteranos en el proyecto y han quedado otros recién llegados. "No es normal que echen a seis coordinadores, entre ellos los de La Celsa, Cañaveral y Jauja", explican.

Los recortes han dejado a medio gas las unidades de trabajo social de poblados como La Celsa, con un realojamiento en ciernes, o La Quinta y Las Liebres, en Fuencarral. El sentimiento entre! los afectados es que se han producido favoritismos. El ambiente se ha ido enrareciendo desde que, en el otoño de 1991, un grupo de trabajadores encabezados por Rosa Molina, jefa del área social del Consorcio, cortó la carretera M-40 para protestar por los incumplimientos institucionales con los chabolistas.

Los empleados que participaron en el corte de tráfico se sintieron perseguidos por el entonces gerente, José Luis Gómez. Hubo tres despidos. Las relaciones Gómez-Molina empeoraron. Gómez dimitió hace dos meses. Y ahora, con el recorte, vuelven a explotar las disensiones internas.

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