Descubierto en Cadiz la un fraude fiscal relacionado con la venta de alcohol

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 del Puerto de Santa María (Cádiz) Isabel Cejudo, tomó ayer declaración a ocho personas a raíz de la investigación iniciada por el Servicio dse Vigilancia Aduanera (SVA), en relación a un presunto fraude fiscal -cuya cuantía aún no ha podido ser determinada- en la fabricación y venta de alcohol. Fuentes relacionadas con la investigación señalaron que el presunto fraude puede ser de varios miles de millones de pesetas.A pesar del mutismo oficial que rodea el caso, las mismas fuentes indicaron a EL PAÍS que entre los declarantes se encontraban Luis Sánchez Navajas, conocido empresario de las firmas Alcoholera del Puerto, SA y Alcoholes del Puerto, SA, una de las compañías más importantes del sector y dedicadas a suministrar alcohol a empresas bodegueras.

Igualmente aparecen vinculados en las investigaciones directivos y trabajadores de la empresa, dado que se trata de esclarecer si se ha producido falsificación de documentos públicos. La producción y venta de alcoholes está sometida a un riguroso control por parte de las autoridades aduaneras, debido a los gravámenes fiscales que pesan sobre esta actividad.

También se involucra en las indagaciones realizadas por el Servicio de Vigilancia Aduanera a cuatro empleados de una empresa filial existente en la localidad onubense de Rociana del Condado.

Ramificaciones

Los funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera efectuaron el precintado de cuatro camiones cisterna cargados con alcohol y hallados en el interior de las instalaciones en el Puerto de Santa María.Además de las declaraciones registradas en el Puerto de Santa María, el SVA extendía ayer dicha operación a otros puntos del país, por lo que no se descarta que se produzcan novedades significativas en relación a este asunto en los próximos días. Al cierre de esta edición se desconocía si las personas llamadas a declarar iban a quedar en libertad o ingresar en prisión.

Este es el primer resultado de las investigaciones iniciadas por el SVA a principios de este año, y ha incluido también diversos registros domiciliarios de las personas citadas ayer a declarar por la juez del Puerto de Santa María.

Las empresas sometidas a investigación fueron tristemente noticia en agosto del año 1988, al registrarse un incendio en sus instalaciones, provocando la muerte de cinco personas. Entonces, los servicios de protección y bomberos denunciaron la existencia, supuestamente, de almacenes clandestinos de alcohol, circunstancia ésta que, según indicaron, dificultó notablemente las tareas de extinción.