Condición necesaria, pero no suficiente

LA CUARTA investidura de Felipe González como presidente del Gobierno ha supuesto el cumplimiento de una condición necesaria para el enderezamiento político y económico del país. Necesaria, pero no suficiente. Necesaria: la legislatura empieza con buen pie, con el despliegue de nuevos modos del partido mayoritario y de nuevos estilos en la oposición. Todos los dirigentes parecen haber captado el mensaje clave de la nueva situación: no se puede gobernar como antes ni ejercer la oposición desde presupuestos parecidos a los vigentes con anterioridad al 6 de junio.La España electoral dio el mandato de finiquitar la era de las mayorías absolutas y de rectificar modos y contenidos de la práctica política. La España oficial ha endosado el envite y ha iniciado la larga y dificil andadura de la cultura del pacto, del diálogo social y de la oposición constructiva. El tono de González, alejado de la prepotencia y dialogante con todos los grupos parlamentarios -hasta el más exiguo-, es un indicio positivo de un cambio en el estilo de gobernar. El apoyo de los nacionalistas vascos y catalanes a la investidura constituye una inicial apuesta por la gobernabilidad, bien explicada por sus protagonistas, particularmente por Miquel Roca, que parece haber reconducido, aunque sea en la prórroga, el error cometido por su partido al desechar prima facie la oportunidad histórica de la coalición. No está cerrado el camino a un Gobierno de amplia base, aunque sea dentro de unos meses, y eso es ya una buena noticia, especialmente porque va acompañada de compromisos sensatos, en absoluto disparatados, en los asuntos autonómicos. La misma actitud de José María Aznar, firme en la crítica -especialmente de la coyuntura económica-, pero flexible en su formulación, revela una cierta actitud de prudente espera ante la evolución de los hechos y las primeras medidas del próximo Gobierno que se corresponde mejor con la responsabilidad exigible al principal partido de la oposición. Y que contrasta con la pequeñez de la opinión sostenida por algunos medios ultramontanos todavía ensimismados en la técnica del acoso y derribo del Gobierno, sin conceder los plazos que el electorado ha otorgado y sin esperar el contraste de las nuevas realidades con los buenos deseos explicitados por todos.

Pero destacar que el arranque de la legislatura es positivo no debe llevar a nadie a pecar de ingenuidad ni a aplaudir la posible autocomplacencia de la clase política. Un buen inicio de la legislatura es requisito necesario para su buen desarrollo. Pero, insistimos, no suficiente. La situación económica es lo bastante dramática como para no desmayar un solo instante en una tenaz estrategia hacia su resolución. El mismo debate ha servido para solemnizar la existencia de un consenso político básico sobre la orientación de las medidas a adoptar: acuerdo social, reforma del mercado laboral, reformas estructurales de la economía, contención presupuestaria. Pero también para subrayar que cada día que pasa los datos económicos resultan peores: la nueva previsión sobre el tamaño del déficit público para este año ( 5% del presupuesto del Estado sobre el PIB; 7% incluyendo el de las comunidades autónomas) refuerza la alerta roja sobre la situación económica; supone una llamada urgente a la adopción de medidas, y reclama nuevas aproximaciones de la política económica que rectifiquen los viejos errores (escasa atención al aparato productivo, esquematismo en la política de cambio y en la política monetaria), porque no debe olvidarse que, aunque los males de nuestra economía se entroncan con el contexto recesivo internacional, su gravedad diferencial en España es directamente imputable a los errores de quienes han gobernado este país en los últimos años.

Tampoco sería de recibo obviar que los propósitos de González en el ámbito de la renovación institucional exhiben tanta bondad cuanto suponen una rectificación drástica de la política seguida por el partido socialista. Así, por ejemplo, la negativa anunciada a aplicar una política de cuotas a la composición de las instituciones del Estado, si se cumple, supone emprender justamente la dirección contraria a la patrimonialización institucional desarrollada a lo largo de una década.

De forma que la primera piedra de la legislatura estará bien puesta. Pero de igual modo hará bien la ciudadanía en extremar la vigilancia sobre la correcta colocación de las siguientes. Hará bien en exigir tenazmente y con toda crudeza que las promesas de rectificación se traduzcan en medidas prácticas, tomadas a tiempo y eiemplarmente. En caso contrario, la incipiente cultura política del pacto sólo servirá para enmascarar la inoperancia, para aumentar la distancia entre los electores y sus representantes y para frustrar la legislatura. Y de ese fracaso y ese nuevo desencanto alguien, al final, sería responsable.