Orden de desalojo contra una mujer que entró en un piso social abandonado

Carmen Tena, de 46 años, y tres de sus cinco hijos abandonaron ayer voluntariamente la vivienda social que habían okupado 15 días antes en el madrileño barrio de Hortaleza. Los policías que fueron a desalojarla no Regaron a usar la fuerza. Según los vecinos, hace más de 11 años que el piso -de 40 metros cuadrados- está deshabitado, y Carmen, que lleva viviendo 15 años de prestado en casa de una vecina, decidió okuparlo. La necesidad le empujó, pues en el hogar de su vecina, de igual tamaño que el piso en el que entró, se hacinan 14 personas.

Una anónima llamada vecinal alertó al dueño del piso okupado (el número 1824 de la calle de la Abertura), quien se apresuró a denunciar a Carmen por allanamiento de morada.Según los vecinos, el adjudicatario del piso, T. L. M., no vive en él desde hace casi 12 años. Afirman también que lo ha cedido por unas 400.000 pesetas al matrimonio formado por Emilio T. G. y T. N., lo que sería ilegal por tratarse de una vivienda protegida y adjudicada, del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima). EL PAÍS intentó ayer, sin éxito, obtener información del Ivima.

Carmen cuenta que la mujer a la que se cedió el piso junto a su marido se presentó en la vivienda okupada al poco tiempo de que ella se instalase y la urgió a abandonarlo, pues de lo contrario la echaría. La mujer se encontraba ayer en el piso en discordia, ante el que se habían concentrado numerosos veci. nos, pero no quiso hablar.

Mientras, Carmen, madre soltera, a quien okupar la vivienda le ha costado su trabajo de asistenta porque no quería abandonar ni un momento su nueva casa, ha vuelto al piso de Remedios Fernández, la vecina que la acogió hace ya 15 años. Pero piensa recurrir la orden de desalojo y está dispuesta a pegar la patada de nuevo. "Si el piso sigue vacío dentro de tres días, me meto", afirma.

Asistentes sociales de la Junta Municipal del distrito de Hortaleza y la organización benéfica Cáritas la asesoran para que solicite un piso al instituto de la vivienda dependiente de la Comunidad de Madrid. "Pero no puede estar en situación ilegal si quiere que le den uno", dice Josefa Miguel, una de las trabajadoras sociales que se ocupa del caso.

Los vecinos están de su parte y recogen firmas para que se le busque un hogar digno. Les irrita que esto suceda en un barrio donde, según ellos, "muchos pisos están vacíos y sus dueños tienen otras viviendas".