Un escándalo
LA VISTA ante el Tribunal Supremo, a puerta cerrada, del recurso contra la condena por delito de aborto de los fundadores del centro de planificación familiar Los Naranjos, de Sevilla, no puede ocultar el bochorno y el escándalo de un caso que nos sumerge, a través del túnel del tiempo, en épocas que creíamos totalmente superadas. Que la justicia no haya sido capaz en 13 años de decir su última palabra sobre hechos acaecidos ¡en 1980!, y que las mujeres, sanitarios y administradores detenidos entonces hayan tenido que soportar durante ese largo periodo los sinsabores y perjuicios de esa situación, constituye una crueldad y un disparate.La España eterna no acaba de desaparecer del todo: en el caso de la clínica Los Naranjos se ha manifestado con poderío, revestida de toga y amparada en una legislación timorata y desfasada, que no ha dejado de acreditar su incapacidad para responder a la realidad social -todavía son clandestinos muchos de los abortos realizados en España por la precariedad de la respuesta sanitaria pública y el miedo a los inquisidores- y para garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos.
El próximo Gobierno y las fuerzas políticas que le apoyen tienen en el caso de Los Naranjos un predecente histórico para saber lo que debe descartarse en la reforma legal del aborto prevista en el nuevo Código Penal: en ningún caso la nueva formulación puede propiciar que sigan produciéndose en España calvarios procesales y personales como el vivido por el personal de Los Naranjos y permitir que el problema del aborto siga sustancialmente en manos ajenas a las de la mujer. Ningún resquicio legal debe quedar abierto para que la inseguridad jurídica, la intolerancia y la insensiblidad ante el drama humano del aborto puedan seguir haciendo de las suyas, añadiendo más dolor y angustia a quienes lo sufren.
En el caso de la clínica citada, pionera del movimiento social y profesional surgido en España ante el problema del aborto en los primeros años de la década de los ochenta, se añade la exasperante lentitud de la justicia en resolverlo, lo que lo convierte en un verdadero anacronismo. Quizá la única salida social y jurídicamente coherente en un proceso como éste, anterior a la Ley de Despenalización Parcial del Aborto de 1985, hubiera sido el sobreseimiento. Desde luego, no menos coherente que la celebración del primer juicio en 1989 y la condena a cinco años de los profesionales encausados, con las secuelas procesales y humanas que perduran a los 13 años de ocurridos los hechos. En lo inmediato, y para terminar de una vez con esta absurda situación, el indulto sería el único remedio si la justicia mantiene la condena. Pero, entretanto, el problema de fondo persistirá si la regulación legal del aborto sigue sin orientarse hacia la defensa de la libertad, dignidad y salud de la mujer.
