El Gobierno británico desmantelará parcialmente la Seguridad Social

La economía británica ya no puede sostener el "Estado del bienestar". El ministro de Seguridad Social del Reino Unido, Peter Lilley, afirmó el miércoles por la noche que su departamento necesita disminuir drásticamente sus prestaciones para evitar la quiebra. Las pensiones de jubilación y la Seguridad Social gratuita deberían limitarse, dijo, a quienes carecieran de otros recursos. Fue la primera vez en que un miembro del Gobierno británico dio públicamente por acabado el sistema de Seguridad Social creado en 1945 e imitado por la mayoría de los países desarrollados.

Las cifras planteadas por Lilley fueron elocuentes. No se trataba sólo, como acusaban los laboristas, de recortar un déficit presupuestario que este año alcanzará los, 50.000 millones de libras (9,3 billones de pesetas). El problema era el propio presupuesto para la Seguridad Social, fijado en 14,8 billones de pesetas para el presente ejercicio. "Eso significa que cada trabajador debe pagar diariamente 13 libras (2.400 pesetas) para mantener el sistema. La situación es insostenible", afirmó el ministro. Según sus Cálculos, para mantener las actuales prestaciones el presupuesto necesitaría incrementarse en 14.000 millones de libras (2,6 billones de pesetas) durante cada ejercicio hasta el año 2000, en que la factura total ascendería a 180.000 millones (33,3 billones de pesetas). "No podemos seguir rehuyendo la necesidad de reformar a fondo el sistema y adecuarlo a nuestras posibilidades reales, dijo Lilley.

Alcance de la reforma

El gobierno de John Major aún no se ha puesto de acuerdo sobre el alcance de la reforma. Los moderados (el canciller Kenneth Clarke, el ministro de Industria Michael Heseltine y el propio Major) propugnan un recorte en las prestaciones que no destruya la naturaleza básica de la Seguridad Social, necesariamente combinado con un aumento de los impuestos.Los thatcheristas (entre los que está Peter Lilley) se inclinan por desmantelar progresivamente el sistema. La gran incógnita, para ambas opciones, es si un gobierno con una mayoría parlamentaria estrecha y con muy mala imagen pública será capaz de sacar adelante un plan de austeridad tan crucial e impopular como el que se discute actualmente.

Lilley señaló el miércoles que aún no tenía ideas concretas. Todo lo más, "modestas proposiciones". Pero apuntó algunas de ellas: traspaso progresivo de las futuras pensiones al sector privado; cobro de los servicios médicos públicos según las posibilidades del beneficiario; endurecimiento de las condiciones para acceder a pensiones de invalidez y desempleo; e imposición de cargas fiscales sobre los subsidios.