El juez archiva la querella que provocó la dimisión de Collado

El titular del juzgado número 3 de Murcia, Hilario Sáez, dictó ayer un auto por el que se archiva la querella presentada por Izquierda Unida (IU) contra el anterior presidente autonómico, el socialista Carlos Collado, y todo su Gobierno. IU acusaba al Ejecutivo murciano de los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y malversación de fondos públicos. El juez afirma en su resolución que sólo pudo haber, si acaso, infracciones administrativas. Las responsabilidades del caso debieron dilucidarse, según el juez, en el terreno de lo contencioso o político, "ámbito éste del que nunca tuvo que salir".La resolución judicial, de ocho folios, se produce después de 16 meses de instrucción de una querella que presentó la federación encabezada por Julio Anguita en febrero de 1992 por presuntas irregularidades en el proceso de adquisición de los terrenos de la finca Casa Grande, en Cartagena. En este terreno se construye actualmente un complejo de plásticos de General Electric. Esta finca fue cedida por la Administración como incentivo al proyecto.

Durante la instrucción de la querella se agudizó el enfrentamiento de la dirección regional del PSOE con Collado, proceso que desembocó en su dimisión como presidente regional, el pasado 19 de abril.

El juez analiza en los fundamentos jurídicos las cinco figuras delictivas de carácter penal que se le imputaban a Collado y a todo el Ejecutivo, y rechaza entrar en el análisis de la sexta infracción, un delito contra la Hacienda pública sobre el que dice no es competente.

Sobre la acusación de prevaricación [dictar una decisión injusta a sabiendas], dice el juez que, conocidos los argumentos del Gobierno de Collado, no puede desprenderse tal figura. En esencia, la Administración regional justifica el cambio de ubicación de General Electric del paraje de Los Camachos a Los Victorias (donde está Casa Grande) debido a que, en el primero, los propietarios "removieron" varias veces el precio de venta y finalmente querían que se les pagaran también los impuestos, lo que hubiera encarecido en un 30% el precio final.

Otras razones dadas son los problemas de infraestructura en la zona de Los Camachos: una línea de alta tensión de 400.000 voltios y una conducción del trasvase Tajo-Segura, que atraviesa la comarca.

Finalmente se recoge la necesidad de General Electric de disponer de más terreno, unas 750 hectáreas en total, que en su perímetro fabril hubiera afectado a todas las viviendas del pueblo de Los Camachos, cuando en una localidad próxima, Los Victorias, se disponía del espacio demandado.

Otra de las acusaciones contra Carlos Collado era la de malversación, por comprar las acciones de la empresa mercantil Agrovial (propietaria de los terrenos en Casagrande), cuyo precio nominal era de 500 millones de pesetas, por 2.034 millones de pesetas. El juez no encuentra delito porque no se alteró el destino público del dinero: facilitar la instalación de una empresa de interés para Murcia.