Interés sospechoso

EL INTERÉS súbito del fiscal general del Estado, Eligio Hernández, por la marcha del caso Macosa -justamente cuando surgen indicios de desvío de fondos de dicha empresa a favor del PSOE- cuestiona una vez más los criterios de actuación del máximo responsable del ministerio fiscal y reaviva la controversia sobre la forma de su nombramiento. ¿No son precisamente este tipo de iniciativas las que fomentan las sospechas de falta de independencia en la defensa de la legalidad y del interés público que definen su función?El debate sobre la ubicación institucional del ministerio público y el sistema de designación de quien lo regenta no desapareció del todo con la promulgación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, aprobado por amplia mayoría parlamentaria en 1981. Grupos de fiscales, animados desde el exterior por determinados sectores políticos, no han cejado de reivindicar la independencia, por demás absurda y constitucionalmente indefendible, del ministerio fiscal, así como la designación corporativa de su máximo titular. Más consistente y mayoritaria, tanto dentro como fuera de la institución, ha sido la propuesta de designación del fiscal del Estado por el Parlamento en lugar de por el Gobierno. Recientemente, la Unión Progresista de Fiscales ha vuelto a poner esta cuestión sobre el tapete con ocasión de su congreso anual.

La preocupación que revela la alternativa propuesta por esta asociación profesional tiene, ciertamente, fundamento. Los sucesivos Gobiernos socialistas no han brillado precisamente por su acierto en la política de nombramientos del fiscal del Estado, al que han pretendido convertir más bien en fiscal o defensor, tanto da, del Ejecutivo. De ahí que todos los partidos políticos, incluso el PSOE, hayan convenido en señalar la necesidad de regenerar y fortalecer el funcionamiento de las instituciones del Estado, incluido el ministerio fiscal, como uno de los objetivos de la actual legislatura. Pero la designación parlamentaria de su máximo responsable ni tiene encaje constitucional -habría que reformar la Constitución- ni garantiza que los males actuales vayan a desaparecer. La dependencia que ahora se predica directamente del Gobierno pasaría a serlo, en gran medida, de su mayoría parlamentaria en el Congreso. De otro lado, el inevitable acuerdo entre los partidos sería fácilmente tildado de componenda. Es decir, no se despejarían en absoluto las dudas suscitadas por el origen de su designación.

La superación de esta situación depende, en lo esencial, de que el Gobierno respete escrupulosamente el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal tanto en sus relaciones con la institución como en la designación de quien la dirige. Este estatuto establece las condiciones precisas para que el Gobierno se relacione con el ministerio fiscal sin interferir en los principios de legalidad e imparcialidad que informan su actuación. Pero, además de respetar el marco estatutario en la designación del fiscal del Estado, se necesita valorar más que hasta ahora la independencia de criterio de la persona designada.

En el caso del actual fiscal general del Estado, Eligio Hernández, existen indicios de que en su nombramiento se vulneró la exigencia de 15 años de ejercicio efectivo en la profesión; es dudoso que pueda atribuirse la condición de jurista de reconocido prestigio a quien se ha significado por el desempeño de funciones gubernativas y es notoria su entusiasta sintonía con el Gobierno.

El resultado de todo ello ha sido el deterioro de la credibilidad de la institución. En ese contexto no es extraño que se propongan alternativas bienintencionadas, aunque en modo alguno eficaces. El marco legal que impide que la Fiscalía General del Estado se convierta en un órgano gubernamental existe. Sólo es necesario que el Gobierno lo respete, que la oposición lo exija y que los órganos internos del ministerio fiscal funcionen como deben.