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UGT pide una ley de ámbito estatal que equipare el salario social

El sindicato UGT instará al Gobierno a que elabore una norma marco que equipare la prestación de un salario social en todas las comunidades autónomas. Esta retribución, también llamada Renta Mínima de Inserción, pretende garantizar unos ingresos mínimos a todas aquellas personas en situación de pobreza o de indigencia. En la actualidad, la implantación del salario social es competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Esta prestación oscila entre un mínimo de 30.000 pesetas que conceden Castilla-León y Extremadura y las 37.500 que otorga la Comunidad de Madrid.Para UGT, la ausencia de una ley de carácter estatal sobre la percepción de un salario social hace que éste sea totalmente dependiente de los presupuestos de cada comunidad y, por tanto, dispar. En 1991 sólo lo recibieron 20.000 personas en todo el territorio nacional, cantidad que el sindicato considera insignificante. Existe el caso de una comunidad, Baleares, que aún no contempla el derecho a esta prestación, y otras, tales como Canarias, Aragón y Cantabria, en las que se está empezando a desarrollar.

El sindicato considera que la percepción de una renta mínima es un derecho de todos los ciudadanos, incluidos los extranjeros residentes en, España, por lo que piensa incluirlo en las negociaciones sobre el pacto social. UGT propone que el salario social esté integrado dentro de un plan de lucha contra la pobreza, en el que se incluirían medidas para la formación y la integración de los marginados.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 16 de junio de 1993