Los partidos hablan al fin de justicia

B. DE LA CUADRA El servicio público de la Administración de Justicia, olvidado en las casi cinco horas de debate bilateral celebrado por los líderes del PSOE, Felipe González, y del PP, José María Aznar, resucitó ayer en los madrileños juzgados de la plaza de Castilla, en forma de coloquio entre las dos fuerzas electorales mayoritarias e Izquierda Unida (IU) sobre la Situación de la justicia, organizado por CC OO y UGT. El PSOE ofreció reformas no hechas, el PP apoyó el corporativismo de los agentes de la justicia y sólo IU apostó por la urgente implantación del jurado y reformas drásticas en la oficina judicial.

Actuó de moderador el magistrado Ramón Sáez Valcárcel e intervinieron, desde la mesa, tres candidatos al Congreso de los Diputados por Madrid: Carlos López Riaño (PSOE), José María Michavila (PP) -ambos números 12- y Diego López Garrido (IU), número dos. Asistió más de un centenar de personas, en su mayoría funcionarios judiciales, 20 de los cuales plantearon cuestiones a los candidatos.

Michavila aseguró que es necesario mejorar la gestión, pero no concretó fórmulas. Propugno una mejora de la calidad, para lo que reclamó que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tenga la competencia de formación de jueces y magistrados [actualmente ya la tiene]. Insistió en el error de Aznar y González al considerar que inicialmente la mitad del CGPJ lo elegían los propios jueces y magistrados y la otra mitad el Parlamento [son 8 vocales los que siempre eligieron las Cortes y la controversia se centra sobre los otros 12] y defendió un fiscal del Estado sin previos compromisos políticos.

Elección del Poder Judicial

López Ríaño se felicitó de que el PP ya no desee suprimir el Ministerio de Justicia y negó que las asociaciones judiciales -que inicialmente eligieron 12 vocales del CGPJ- merezcan mayor confianza de los ciudadanos que el Parlamento. En cuanto al fiscal general, recordó que Robert Kennedy, hermano del presidente, de los Estados Unidos, lo fue en su país. Propuso reformas procesales y funcionariales, que permitan mayor fluidez de los protagonistas de la oficina judicial.

López Garrido, que coincidió con el PSOE en la elección parlamentaria de los 20 vocales del CGPJ -siempre que los candidatos se sometan al examen de las cámaras-, resaltó la importancia política del servicio judicial para la tutela de los derechos fundamentales y pidió que la próxima legislatura sea la de la reforma procesal, esencial para las garantías y eficacia de la justicia. Exigió máximas competencias para el CGPJ respecto a todo el personal judicial, contrapesada con la exigencia de responsabilidad política por el Parlamento, y reclamó la instauración del jurado, que el Gobierno no tiene previsto ni siquiera arquitectónicamente en los nuevos edificios". López Garrido se mostró contrario al indulto de los policías José Amedo y Michel Domínguez, "que representan una etapa negra de la historia policial española", dijo.