Sanidad retira a última hora un decreto para acreditar la especialidad a más de 500 médicos

Una semana antes de las elecciones, y coincidiendo con una huelga de los médicos internos residentes (MIR), el Ministerio de Sanidad y Consumo retiró el pasado 27 de mayo un Real Decreto que permitía acceder a la especialidad a unos 500 facultativos formados antes de que se institucionalizara la vía MIR, en 1984, como la única de acceso a la formación. La explicación de Sanidad es que el decreto no se adecúa a la normativa comunitaria. La de los psiquiatras afectados, 50 en total, que el Ministerio "ha cedido a las presiones de los MIR", en periodo electoral.

Del total de afectados, 50 son psiquiatras formados por oposición en hospitales públicos o concertados, y el resto, médicos ayudantes de equipo quirúrgico y médico-quirúrgico (Maequis) con cinco años de servicios en su especialidad, todos antes de 1984. La ilegalidad a la que se refiere Sanidad radica en haber incluido en el mismo decreto a los dos colectivos, ya que, según el informe técnico que ha aconsejado retirar la medida, en el caso de los Maequis, su experiencia no debe considerarse periodo de formación, sino de trabajo.La consecuencia para ambos colectivos es que si no obtienen un título de especialista antes del 1 de enero de 1995, ninguno podrá seguir ejerciendo en la sanidad pública, por imperativo de la CE. La solución que aportó ayer el Ministerio es volver a redactar un decreto en los mismos términos sólo para los psiquiatras y regular la situación de los Maequis dentro de la futura ley de ordenación de las profesiones sanitarias.

Un año de redacción

"¿Qué clase de abogados o asesores tienen en el Ministerio para que se den cuenta ahora de que no es legal? ¿O es que no se lo habían leído?", se preguntaba ayer Domingo Díaz, portavoz del medio centenar de psiquiatras afectados por la retirada del decreto.El real decreto llevaba fraguándose hace un año, con los informes favorables de la comisión de especialidades del Ministerio de Educación, colegios, médicos, sociedades científicas y sindicatgs, para dar solución a un grupo de facultativos que accedieron a la especialidad entre 1978 y 1984, fecha en que se creó la vía de médico interno residente (MIR), como única para conseguir la titulación de especialista. Aunque desde 1978 ya existía este sistema de formación, las diputaciones provinciales de entonces siguieron convocando plazas para la formación de psiquiatras hasta finales de 1983 en que dejaron de hacerlo por una orden de Sanidad.

El resultado es la existencia de un grupo de psiquiatras, con una formación regulada de cuatro años, casi 10 de experiencia, pero sin título oficial. Se da la circunstancia de que algunos de ellos son adjuntos al jefe de servicio de hospitales públicos por oposición, y la paradoja de que están formando a jóvenes psiquiatras en plazas MIR. "Kafka era costumbrista", no se cansaba de repetir Domingo Díaz. Estos facultativos llevan nueve años esperando a que se regule la situación con promesas firmes de los sucesivos gabinetes ministeriales, según relatan. En el mismo sentido, el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una proposición no de ley el 11 de noviembre de 1992.

Hace escasas semanas, el propio director general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Jesús Gutiérrez Morlote, expresó a la Coordinadora Estatal de Facultativos Internos Residentes (CEFIR) su intención de llevar adelante el proyecto. "Nos comunicó que dicho decreto se publicará en el BOE antes del 6 de junio", se dice textualmente en el comunicado de la CEFIR del 24 de mayo, anunciando su convocatoria de huelga en caso de aprobarse el proyecto. La CEFIR, coordinadora de los médicos en formación, se ha opuesto a esta medida por entender que "no se ajusta a la legalidad", que "se abre un boquete a la vía MIR" y que "esta vía existe desde 1978", afirmó ayer Roser Solans, representante de la CEFIR.

En su opinión, el Ministerio no ha cedido a las presiones de la coordinadora, "sino a la presión de la ley". La CEFIR, no quiere entrar ahora a discutir si estas titulaciones son justas. "No sabemos quiénes son. A quién afecta, porque jamás se nos ha informado. No nos gustan las imposiciones fuera de la ley. Si hubiera alguna fórmula legal, de todas formas habría que discutirlo", añadió Solans.