La Comisión Europea advierte a las refineras españolas sobre practicas discriminatorias

La Comisión Europea ha archivado el procedimiento de infracción abierto contra España sobre la adaptación del monopolio de petróleos al considerar que ha quedado suficientemente cumplimentado. Sin embargo, al mismo tiempo hace una seria advertencia a las compañías petroleras españolas, que han heredado los activos que estaban bajo el monopolio de Campsa, de que eviten cualquier actuación discriminatoria con los operadores multinacionales. La Comisión hizo público recientemente un comunicado en el que anunciaba el fin del procedimiento de infracción abierto a España el 29 de julio de 1987.

La apertura del procedimiento de infracción se tomó al estimar insuficientes las medidas de adaptación al monopolio contenidas en el real decreto del 12 de diciembre de 1985.La Administración española estableció entonces un calendario para alcanzar la liberalización definitiva del sector petrolero, motivo por el que la Comisión dejó en suspenso el procedimiento a la espera de la ejecución efectiva de esas medidas.

El mencionado calendario se completó el pasado 14 de enero, fecha en la que se promulgó la Ley de ordenación del sector petrolero y que significó, en definitiva, eliminar los derechos exclusivos de comercialización al por menor de que disponía Campsa (y por extensión sus socios, Repsol, CEPSA y BP Oil España) en la red de estaciones de servicio.

Antes,, se habían tomado diversas medidas: adaptación de los derechos exclusivos al por mayor y al por menor de los diferentes productos petrolíferos; régimen de precios fijos que fue sustituido por otro de precios máximos, "aceptable en la medida que permite las importaciones hacia España de productos refinados en otros países comunitarios"; reducción del régimen de distancias entre estaciones de servicio e instauración de una red paralela.

Sin embargo, de la misma forma que acepta archivar el procedimiento, "la Comisión advierte de que va a asegurarse de que se lleve a efecto la normativa recientemente adoptada y no sea neutralizada por los comportamientos individuales o colectivos de los diferentes operadores petrolíferos, instalados en el mercado español". "Tal sería el caso", continúa, "si las restricciones hasta ahora existentes en favor de algunos de estos operadores (la antigua red arrendataria del monopolio y sus socios) fuesen reemplazadas por otras de carácter contractual o fáctico que impidiesen la efectiva apertura del mismo".Liberalización

Es decir, la Comisión considera que la liberalización del sector petrolífero español así comenzada va en línea con la creación de un mercado intracomunitario mejor integrado para la libre circulación.

Fuentes de la Comisión han explicado, no obstante, que "ahora es cuando realmente llega el momento de la verdad; debemos ocuparnos de que el mercado español se abra a la competencia efectiva". Estas fuentes aseguran que, en los dos últimos años, han recibido quejas constantes de muchas multinacionales "de que las empresas españolas actuaban en un régimen de monopolio de facto, pactando precios en el transporte y, desde este año, en la venta de carburantes".

"La Comisión no quiere obligar a nadie a que entre en el mercado español, pero desea asegurar que quien quiera entrar pueda hacerlo", advierten en la Comunidad. Uno de los principales problemas que existen es la duración de los contratos que ligan las estaciones de servicio con las refinerías. La Comunidad Europea permite 10 años, pero en España existen contratos de hasta 50 años. "Esta es una situación que no se puede permitir, pero esperamos que se arregle este mismo año o, como mínimo, que se den signos visibles de que se va a cambiar", sostienen en la Comisión.

Si no sucediera así, el año próximo se abriría un nuevo procedimiento por prácticas restrictivas de la competencia. No obstante, las fuentes consultadas reconocen que hay negociaciones intensas y que no hay señales por parte española de que "se quiera ir a la guerra ".