Una cooperativa recurre la adjudicación de 69 viviendas sociales

El equipo de gobierno del Partido Popular en Colmenar Viejo (37.000 habitantes) tendrá que responder a un recurso de reposición presentado por la cooperativa de viviendas Delta II en contra de la adjudicación "ilegal" de suelo municipal para la construcción de 69 viviendas sociales. Según el recurso, el Ayuntamiento ha incumplido el pliego de condiciones del concurso y la normativa de viviendas libres de precio tasado.La sociedad Delta II, formada por más de 200 socios, considera que las adjudicaciones, aprobadas en pleno el pasado mes, son contrarias a los intereses de las cooperativas (sin ánimo de lucro).

La adjudicación de uno de los cinco lotes ofertados, Santa Teresa I, quedó desierta porque, según el gobierno municipal, ninguna cooperativa reunía los requisitos. Delta II considera que quedó desierta "porque el Ayuntamiento pretendía obtener mayores beneficios que los ofertados de acuerdo con la ley".

Las cooperativas Europrin y la Sociedad Cooperativa Colmenar consiguieron la adjudicación de suelo para 22 viviendas cada una, la primera en Santa Teresa II, donde las casas se valoran en 25 millones de pesetas, y la segunda, en El Mirador (16 millones). Ambas entidades incumplieron el pliego de condiciones y la normativa de vivienda de precio tasado al ofertar al alza y superar el precio fijado, según Delta II.

Respecto al lote de 15 viviendas adjudicado a otra sociedad, Provinar, en El Navallar, el mismo arquitecto municipal reiteró en su día que no era lícita la adjudicación al alza de unos locales de 157 metros cuadrados.

La empresa denunciante, Delta II, ha conseguido un lote de 10 viviendas unifamiliares en Provicol valoradas en 18 millones.

Críticas desde Urbanismo

El ex concejal de Urbanismo José Luis Rivas presentó su dimisión antes de que se llevaran al pleno las adjudicacíonesal considerar poco "social" el precio que alcanzarán las viviendas, entre 13 y 25 millones de pesetas. Para entonces, el alcalde ya le había retirado su confianza, de modo que ahora recae sobre éste, Juan Manuel Mansilla, y sobre el edil de Urbanismo, Julián Vicente, la responsabilidad de la operación.El alcalde rehúye hacer declaraciones "mientras el secretario del Ayuntamiento no finalice un informe exhaustivo al respecto".