Europeos, en cualquier caso

La fuente más cercana al Banco de España -la emblemática Cibeles- amaneció el domingo 2 de mayo jalonada por pancartas que rechazaban la convergencia con Europa. La oposición al objetivo de Unión Europea compartía espacio, en el cruce entre la Castellana y Alcalá, con una proclama que rezaba: "Sin empleo no hay futuro". Los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Madrid retiraron unas y otras el lunes, pero la precampaña electoral recibió, como huella del último Primero de Mayo, la oposición de los sindicatos -aunque con algún matiz desde los dos mayoritarios- a la política de convergencia económica.La petición que encierra esta doble proclama es muy sugerente. Hace falta más empleo y, por tanto, más crecimiento, pero sobran las políticas económicas que fijan su centro de atención en la lucha contra los desequilibrios, es decir, en la inflación o en el déficit público. La cuestión es si la doble petición resulta o no congruente. Desde el espectro parlamentario, sólo Izquierda Unida -pues su socio Iniciativa per Catalunya mantiene una posición más moderada, que califica Maastricht de "modesto paso adelante", según Ramón Espasa- mantiene una oposición militante frente a la política de convergencia a la vez que defiende la creación de empleo.

La oposición de la IU de Anguita contrasta con la coincidencia, a favor, del resto de las principales fuerzas parlamentarias. Con una precisión: ninguno agita ahora con entusiasmo la bandera europea, y menos aún la que exige una política económica tan impopular como las medidas contra la inflación y el déficit público. Quizá porque ésta puede sumar muy pocos votos.

Con todo, la opinión oficial de los dos principales partidos (PSOE y PP) y de los dos grupos nacionalistas más relevantes (CiU y PNV) coincide en asumir que la preocupación por la convergencia que recoge el Tratado de Maastricht es un requisito básico para asegurar crecimiento económico y creación de empleo con garantías de estabilidad.

Esta opinión puede resumirse con afirmaciones políticas. Según Isabel Tocino, del PP, "la convergencia es una cuestión de Estado". Miquel Roca, desde CiU, añade que "la convergencia es necesaria y urgente con o sin Maastricht". Emilio Olabarría, del PNV, afirma que la convergencia es un "requisito" de una política económica "que potencie la inversión productiva". Carlos Solchaga, ministro del actual Gobierno, se ha hartado de decir: "Vivimos en economías abiertas, donde las pérdidas de competitividad se traducen inmediatamente en pérdidas de la capacidad de crecimiento y en reducciones significativas del empleo". Y Felipe González, presidente y candidato por el PSOE, ha remachado que la política económica para salir de la crisis no debe olvidar la estabilidad.

Y estabilidad, ¿para qué? Aquí, los principales partidos parecen herederos de los tecnócratas que tomaron las riendas de la economía española a finales de los años cincuenta, y que después afirmaban convencidos que "el plan de estabilización de 1959 desarrolló la economía española en los sesenta, y los polos de desarrollo se encargaron después de desestabilizarla".

Con o sin anécdotas, los principales valedores de esta herencia a favor de que la estabilidad acompañe al crecimiento económico son los dos organismos internacionales con más prestigio en análisis económico: el Fondo Monetario Internacional y la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con sede en París). Ninguno de los dos se aburre de repetir que la lucha contra la inflación y la reducción de los déficit públicos han de ser los mandamientos básicos de cualquier gobierno, y que tener éxito en ambos propósitos permitirá reducir los tipos de interés. Todo ello -añaden con la convicción de quien explica la ley de la gravedad- garantizará un crecimiento sostenido y reducirá el impacto de las crisis.

La argumentación de estos organismos, que también asume la Comisión Europea, es, en líneas generales, la siguiente. La inflación reduce competitividad y, en una economía abierta, eso equivale a perder posibilidades de exportar y de producir dentro. La inflación, además, reduce la credibilidad en la economía que tienen los mercados financieros. Y esa credibilidad es imprescindible para captar ahorro sin tener que pagar unos tipos de interés desorbitados. También el déficit público reduce la credibilidad, además de competir con las empresas en la captación de ahorro. El Tratado de Maastricht prohíbe transformar el déficit en inflación, pero nada evita que tengan que pagarlo los impuestos de generaciones futuras.

Luchar contra ambos es, según esta visión ortodoxa de la economía, imprescindible para que puedan bajar los tipos de interés. Y ello, unido a la estabilidad del tipo de cambio, compone, sin números, el compromiso de Maastricht. En el Tratado, todo está acompañado de cifras máximas y fechas límite, que ahora se ponen en cuestión incluso desde los países más ricos de la CE. No es impensable que los Doce llegaran a suavizar o a posponer algún tiempo el cumplimiento de las condiciones exactas para acceder a la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria (UEM), sobre todo si los daneses responden con un no a su segundo referéndum.

La clave, pues, puede no estar en los números, sino en el tipo de política que exigen los mandamientos de la OCDE y el FMI contra la inflación y el déficit. La Comisión Europea, en un informe especial sobre convergencia, pone la lucha contra el déficit en primer lugar, al asegurar que "la disciplina fiscal es un requisito clave para el funcionamiento de la UEM, y también para que la transición se logre con éxito".

PP, PNV y CiU comparten esta preferencia por el déficit, y apuntan con dedo crítico al Gobierno porque su radical discurso a favor de reducirlo ha estado acompañado de medidas de contención bastante laxas en la práctica. El PSOE, en su manifiesto electoral, asume que "la principal amenaza para la recuperación económica proviene de la combinación de tres desequilibrios". Primero destaca la inflación, después afirma que "es posible" reducir el déficit público sin aumentar más la presión fiscal", y, en tercer lugar, coloca el déficit exterior que, aunque no figura en Maastricht, es uno de los problemas más graves de la economía española.

Todos, en cualquier caso, están de acuerdo en que la convergencia fijada en Maastricht equivale a una foto que se harán las economías europeas en 1997 o 1999. En palabras de Joaquim Molins, de CiU: "Como después nos tratarán de acuerdo con esa foto, debemos preparamos para llegar guapos".

Esta terapia de imagen es válida tanto si se mantienen las condiciones de Maastricht como si se suavizan, o incluso, si el Tratado queda sin ratificar por un eventual segundo no en Dinamarca o por la imposibilidad de alcanzar un consenso en la Cámara de los Comunes británica. El motivo es que, aun sin Maastricht, la economía española seguirá en la CE. Y en el club de los Doce hay total libertad de movimientos de mercancías y de capital, con lo que cualquier pérdida de competitividad reducirá a las empresas sus posibilidades de producir y exportar, y eso se traduce rápidamente en menos empleo y un crecimiento económico más bajo.