El nacionalismo tranquilo

Un Gobierno con serias dificultades para alcanzar mayorías parlamentarias estables, pero al que las encuestas dan como seguro vencedor en los próximos comicios del 6 de junio, así como la demostración de que el Partido Popular puede entenderse perfectamente con fuerzas regionalistas que, como Unión del Pueblo Navarro (UPN), han llegado a flirtear incluso con su conversión al nacionalismo político, son las dos características más destacadas del panorama político navarro.Así se presentan las elecciones generales en la comunidad foral de Navarra, donde el Gobierno derechista del presidente Juan Cruz Alli acaba de ser obligado a firmar un pacto presupuestario con la oposición socialista y los nacionalistas de Eusko Alkartasuna. Los presupuestos de la comunidad para 1993 fueron de vueltos al Ejecutivo en su día por el Parlamento navarro. Atendiendo a los resultados de la macroencuesta realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en noviembre de 1992, que demostró que el paro, las drogas y la crisis son los problemas que más preocupan a los navarros, el pacto tripartito contiene la creación de un fondo de solidaridad con los desempleados de 5.000 millones de pesetas, así como múltiples medidas de apoyo financiero a las pequeñas y medianas empresas y de incentivación de la inversión pública (en infraestructuras) y privada.

El acuerdo también exige el consenso político para impulsar una negociación con el Gobierno de Madrid que convierta en realidad proyectos como la autopista Madrid-Tudela, el Canal de Navarra -que pondrá en regadío 57.000 hectáreas transportando el agua que será embalsada en el pantano de Itoiz- o el ramal de conexión del tren de alta velocidad desde Aragón hasta Irún (Guipúzcoa) a través del corredor navarro.

A cambio del apoyo socialista y nacionalista moderado (se quedaron fuera HB e IU) para estas y otras medidas, UPN se vio obligada a comprometer una negociación para modificar el sistema de elección del presidente del Gobierno navarro, regulado por el artículo 29 del Amejoramiento del Fuero, y que al introducir un mecanismo de elección automática del cabeza de lista más votada ha propiciado en las últimas legislaturas Gobiernos débiles de escasa mayoría y un clima de inestabilidad política.

Navarra cuenta, no obstante, con una tasa de desempleo sobre la población activa del 13,4%, inferior a la media estatal, pero que supone el que 26.869 personas carezcan de empleo en la actualidad, y a pesar de que entre 1985 y 1992 el producto interior bruto creció en esta región un 43,3%, un auténtico "récord nacional", en palabras del consejero de Economía y Hacienda, Javier Pomés.

El terrorismo, prácticamente inexistente desde hace años en este territorio, ha dejado de ser una preocupación prioritaria o un referente político. En Navarra, Herri Batasuna ha vuelto a trabajar con normalidad en las instituciones, tanto en los ayuntamientos como en el Parlamento, y este hecho, unido a la ausencia de atentados, augura para el partido abertzale un ligero incremento de votos.

La imposibilidad de ejercer el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, los alrededor de 20 insumisos encarcelados en la prisión de Pamplona y los 150 juicios a objetores de conciencia previstos antes del verano, así como el debate sobre el impacto ambiental de las grandes obras de infraestructura en marcha (autovías a San Sebastián y Vitoria, el proyectado embalse de Itoiz), van a ser, con seguridad, argumentos del debate político en esta campaña, al igual que la política del agua y de trasvases, la crisis agrícola o la política lingüística, con un idioma cooficial, el euskera, relegado por ley al gueto del norte de Navarra.

La vivienda será también otro problema tratado en mítines y programas. Pamplona es una de las capitales españolas en las que la vivienda es más cara y donde los pisos de alquiler a precios asequibles apenas existen.

La fuerte oposición de la derecha y de los sectores promotores inmobiliarios y constructores a la actuación por vía expropiatoria para conseguir la creación de suelo público que permita construir viviendas de protección oficial será un argumento que jugará a favor del partido socialista, que en la pasada legislatura impulsó una serie de actuaciones que no han tenido continuidad con el actual Gobierno de UPN.