Los electores más mimados en la campaña

Casi cinco millones y medio de españoles y potenciales votantes tienen más de 65 años. Además de ser muchos -constituyen el 18% del censo electoral- votan casi todos y son, sin duda, los más mimados por los líderes políticos durante la campaña electoral. La razón parece obvia. Los mayores conforman el único segmento social al que se puede intentar seducir con una sola promesa: pensiones.Pero como experiencia es lo único que les sobra a los jubilados, ésta les aconseja que se crean de la misa la media. Y la petición unánime que hacen a todos los partidos es que recuerden que hay más de cuatro millones de pensiones inferiores al salario mínimo (58.530 pesetas).

Los sociólogos descubrieron hace una década que la tercera edad será la principal fuerza política del futuro en Europa. Los partidos han caído en la cuenta hace menos tiempo y ahora todos preparan sus estrategias electorales teniendo presentes a los pensionistas. El súbito interés de los partidos por ellos cuando se acercan las elecciones y tantas visitas de los candidatos a sus residencias y clubes les indignan. Esa repulsa se puede detectar en organizaciones de jubilados o en los pensionistas cogidos al azar en un hogar de la tercera edad.

Abelardo Martín González, ex metalúrgico, miembro de CC OO desde su fundación y dirigente de los jubilados del sindicato, siente "auténtica pena al ver a personas tan inteligentes tratando de engañar a los jubilados, porque después del 6 de junio se olvidarán de todo". No se cree las promesas del PP y tampoco confía en que el PSOE vaya a mejorar su situación, pese a tener un voto estimado del 50% de los jubilados.

A Valentín Cabrero, carpintero jubilado, con una pensión de 74.000 pesetas, le impresionan también muy poco las promesas electorales. "No tienen vergüenza, nos engañan y quieren arreglar todo en 24 horas", afirma.

La reforma de 1985

En los casi once años de gobiernos socialistas, la política de pensiones y de asistencia a los mayores ha sido la más cuidada y la menos contestada. Primero se aplicaron aumentos que beneficiaron a las pensiones más bajas y se fijó un tope máximo de prestación. A partir de 1990, tras el acuerdo logrado con los sindicatos para la legislatura que ahora acaba, se han revalorizado cada año lo mismo que la inflación pasada, de forma que mantienen el poder adquisitivo. Previamente, la reforma de 1985, aplicada con una cirugía traumática, sentó las bases para la viabilidad del sistema público.

El balance que hacen los propios jubilados es que su situación no es para tirar cohetes, aunque vivan sensiblemente mejor. Y no ignoran que en 1993 hay dos millones más de pensiones que en 1982. La causa, junto al crecimiento vegetativo, es un considerable y atípico aumento de las pensiones de autónomos, invalidez y empleadas de hogar.

Tampoco desconocen que en la legislatura que ahora acaba se han puesto en marcha las pensiones no contributivas, dirigidas a las personas que no cotizaron a la Seguridad Social o no lo hicieron en tiempo suficiente. Al día de hoy se han reconocido 160.000 de esas prestaciones y otras 95.000 están en trámite. El porcentaje de las que se han denegado está en torno al 55%.

Una vez aplicada esa ley, las personas con más de 65 años que todavía no cobran una pensión pública en España suponen el 4%. En cifras redondas, son algo más de 210.000 personas en posición muy diferente: unas tienen rentas altas y las restantes están en situación de necesidad, pero ni la Administración ni las comunidades autónomas ni los asistentes sociales las han podido localizar, presumiblemente porque son auténticos marginados.

Los jubilados consideran que, con todo, falta mucho por hacer. Los datos que preocupan a todos ellos son: la pensión media en el conjunto del sistema de Seguridad Social se sitúa en 53.000 pesetas al mes; el 73% tiene prestaciones por debajo del salarlo mínimo interprofesional -58.530 pesetas- y el 51 % de los hogares en situación de pobreza tiene como sustentador principal a un pensionista.

Héctor Maravall, director general del Instituto de Servicios Sociales (Inserso) y experto en Seguridad Social, comprende sus quejas, pero asegura: "El Gobierno ha cuidado mucho a este sector social y les ha facilitado información directa". Las buenas relaciones con los jubilados y sus organizaciones las explica así: "Tienen memoria y saben cómo estaban antes. El mayor es posibilista, se queja de su pensión, pero conoce los límites".

Y el límite más preocupante para el futuro es que las expectativas de vida cada vez se alargan más y el número de jubilados por persona ocupada aumenta de manera galopante, por efectos del control de la natalidad y por el incremento del paro. Las sociedades empiezan a pedir a los Gobiernos soluciones, no sólo referidas a las futuras pensiones, sino también programas de ocio y asistencia para ese emergente grupo social. A las empresas también se les empieza a demandar medidas, entre ellas, cursos de preparación a la jubilación.

Cuando se adquiere la condición de jubilado hay una esperanza de vida de 20 a 30 años más. España y Portugal son los países de la CE donde ha aumentado más esa expectativa. Para el año 2001 habrá 2,4 millones de españoles con más de 80 años.

A ello hay que añadir otro fenómeno, producto de la crisis económica e industrial: el aumento paulatino de los prejubilados. El número total de jubilados anticipadamente -entre 55 y 65 años de edad- no figura en ninguna estadística oficial y los expertos aseguran que una buena parte de ellos están escondidos en las pensiones de invalidez.

Los sindicatos están empezando a preocuparse por ese sector de personas, dado que no tienen derecho ni a los beneficios de los jubilados ni a los propios de los trabajadores en activo.

La mayor esperanza de vida ha provocado también que haya una creciente demanda sanitaria de las personas con más de 65 años y que el 60% de los ingresos en urgencias correspondan a ancianos. El déficit de residencias para la tercera edad y servicios sociales ha cargado sobre los

hospitales una demanda de asistencia no estrictamente médica. Pero aun así, los problemas de salud de las personas mayores son reales, y una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas revela que el 43,5% de los encuestados dice tener una enfermedad crónica; el 23,7%, varias, y el 32,25/6 afirma no padecer ninguna. Otra encuesta manejada por el Ministerio de Asuntos Sociales pone de manifiesto que para el 24% de las personas consultadas la atención sanitaria es su necesidad más urgente.

Junto a los problemas de masificación que, como todos los ciudadanos, encuentran en la sanidad pública, los mayores soportan seguros médicos privados más caros y hay algunas sociedades que no aceptan nuevos clientes con más de 64 años.

En servicios sociales el panorama es igualmente deficiente. El mayor número de demandas y preocupaciones que llegan al Inserso son, prioritariamente, las derivadas de la inseguridad y el miedo al futuro. Los ancianos no quieren residencias, sino algún instrumento de ayuda en los propios domicilios o la teleasistencia. Y quienes más servicios sociales necesitan son los mayores de 80 años, que son, a su vez, quienes tienen pensiones más bajas.

Ayuda a domicilio

El servicio de telealarma facilita asistencia médica y psicológica -a quienes viven solos y tienen miedo a sufrir algún percance. De momento se limita a experiencias piloto en Madrid y pueblos de esta comunidad autónoma, con 3.000 personas atendidas.

En ayuda a domicilio se asiste a unas 40.000 personas y cada vez hay más demanda. Un problema a resolver que encuentran los ayuntamientos, el Inserso y la Cruz Roja es contar con asistentes profesionales. Los usuarios son discapacitados o mayores de 80 años. La mitad viven solos; la otra, con el cónyuge, y sus ingresos son inferiores a las 55.000 pesetas al mes.

Pocas soluciones más se han inventado más allá del servicio de comida y lavandería a domicilio o las ayudas para la adaptación y mejora de la propia vivienda. La acogida de ancianos -adoptarlos- tiene inconvenientes, sobre todo cuando empiezan a no valerse por sí mismos. Las experiencias que se están realizando en el País Vasco así lo demuestran. Esos problemas de los más ancianos son diferentes a los de quienes son más jóvenes y tienen una vida activa. Un millón de ellos utilizan algunos de los 469 hogares y clubes que hay en España y exigen cada día mejores condiciones.

Pero donde mayor interés ponen los jubilados es en los viajes del Inserso, que están utilizando 357.000 personas en la temporada 1992-1993. A esos viajes se apuntan sobre todo personas sin estudios (35,2%) o con estudios primarios (54,2%), con mayoría de mujeres. El 53,43% de ellos acude sin pareja.

El efecto contagio ha provocado que no sólo sea la Administración central la que organiza los viajes; ya se han sumado a la iniciativa las autonomías y los ayuntamientos. Esos viajes han constituido un revulsivo para los mayores: les han sacado de sus casas y les han demostrado que pueden ligar y divertirse de nuevo.