Obstinación serbia

LOS PAÍSES democráticos, y muy particularmente Europa, se enfrentan en las próximas horas a decisiones de enorme gravedad para su futuro. Después de que el Parlamento de los serbios de Bosnia ha rechazado el plaz de paz Vance-Owen, la ONU, Estados Unidos y la Comunidad Europea necesitan adoptar medidas de fuerza que obliguen a los serbios a renunciar a su obstinada actitud. El carácter concreto de estas medidas aún no ha sido acordado -ése es el objetivo principal de la reunión del Consejo de Seguridad-, y EE UU parece rehuir una actuación unilateral. Pese a todo, está claro que ahora llega el momento de la verdad, en el que los aliados deben poner sus fuerzas a disposición de las Naciones Unidas para intentar vencer la actitud negativa serbia y poner en aplicación de modo efectivo el plan de paz elaborado por los dos mediadores occidentales. Su urgente aplicación significa la única, y a lo peor última, posibilidad de evitar que la guerra civil se instale quizá por décadas en los Balcanes, quién sabe si a costa de su progresiva extensión como un cáncer por toda la zona, donde no faltan puntos calientes de discordia, desde Grecia hasta Hungría y Eslovaquia.Los europeos están, por tanto, obligados a mantener su compromiso, que les ha llevado a participar intensamente en las fuerzas de las Naciones Unidas que aseguran el suministro de ayuda humanitaria y el mantenimiento del embargo y de la prohibición de sobrevuelos. El problema que se presenta en este momento es que la fuerza de paz concebida por Owen y Vance debe ser de unos 70.000 hombres -puede que más- y que deberá mantenerse durante tiempo indefinido hasta el desarme total de los contendientes en Bosnia. Nadie ha mencionado todavía los pasos posteriores a la desactivación del conflicto y si será necesario preparar planes de paz específicos para la Krajina croata, para la Voivodina serbia, para Kosovo o Macedonia. No se sabe si habrá que mandar más tropas en sucesivas fases ni se conoce el coste de las operaciones y quién pagará el muy importante gasto.

Todo esto no son argumentos en contra de la intervención, sino explicaciones sobre la gravedad del compromiso de los aliados. La paz se puede perder muy fácilmente, pero su recuperación posterior es costosísima: Mantener la línea de compromiso europeo significará, por tanto, sacrificios económicos e incluso de vidas humanas. Una parte importante de los políticos europeos ha empezado, sin embargo, a vacilar ante esta situación. Los países hasta ahora más comprometidos, España entre ellos, han empezado ya a mostrar su debilidad y poco entusiasmo ante el envío de las fuerzas necesarias para asegurar el plan de paz. Estados Unidos, cuyo compromiso para el mantenimiento de la paz no quiere que supere los 20.000 o 30.000 hombres, no consigue ocultar que le gustaría más dedicarse a soltar bombas sobre los serbios en vez de ayuda humanitaria sobre los bosnios, como ha venido haciendo hasta ahora.

Para colmo, la decisión de mandar más tropas a Bosnia coincide con un momento especialmente inoportuno en algún país. Sin ir más lejos, el nuestro: ¿es posible mandar a Bosnia los 5.000 soldados adicionales que pide la OTAN -muchos de ellos de reemplazo- en plena campaña electoral? La cuestión es tan envenenada que el jefe de la oposición, José María Aznar, ya ha encontrado en ello un nuevo flanco por el que atacar a Felipe González y se ha subido al carro de la oposición al incremento de tropas con argumentos dignos de sus antípodas ideológicos de IU. Miembros del Gobierno, a su vez, han cifrado la oferta española en 500 hombres más a añadir a los 1.000 ya desplazados a la zona, para no tener que recurrir así a soldados voluntarios pero de reemplazo.

Si España no puede contribuir más que con 1.500 hombres a una operación de paz trascendental para el futuro del continente, alguien deberá preguntarse algún día por la función de un Ejército que sólo es útil cuando no hay que utilizarlo. La oposición no se plantea esta pregunta, posiblemente poco rentable con vistas a las urnas. Tampoco lo hace el Gobierno. La realidad es que lo que está en juego es una cuestión de política de Estado, y una política de Estado que afecta seriamente a la construcción europea, de una parte, y a la moralidad y credibilidad de nuestras democracias, de otra.

La participación del contingente español en el plan de paz Vance-Owen debiera ser una cuestión acordada con el espectro de fuerzas políticas más amplio posible para poder contar, también, con el máximo consenso social. De lo contrario, España se arriesga, junto a sus aliados, a seguir haciendo el juego hipócrita de lamentar la falta de decisiones enérgicas para evitar lo peor, mientras se hurta por todos los medios cualquier compromiso que afecte a los propios y más pacatos intereses inmediatos.