Ningún cambio sin consenso

El Sistema Nacional de Salud es uno de los pilares básicos del Estado de bienestar en España. A través de él, la sociedad toma parte en un generoso mecanismo que asegura la atención sanitaria a todos los ciudadanos independientemente del coste de los servicios y de su capacidad de pago.Y se plantean ahora unos retos para el futuro inmediato que deberían abordarse con rigor en el debate político. En este sentido, hay una doble dimensión de las políticas sanitarias que es clave diferenciar.

n primer lugar, el problema de la solidaridad: ¿cómo se financias necesidades sanitarias y qué cobertura se ofrece a la población? A mi entender, sólo mediante una financiación pública se puede asegurar la solidaridad y gestionar de una manera colectiva el riesgo de enfermedad, sin acabar con diferentes grados de protección. Ello no excluye mecanismos de coparticipación en, el pago o de aseguramiento complementario privado, una vez asegurada la aportación universal a la financiación pública básica. Por ejemplo: aseguramiento privado o público a elegir en el campo de la medicina extrahospitalaria exclusivamente.

En segundo lugar está la discusión sobre las maneras de provisión de los servicios sanitarios y el papel de los recursos públicos en el sistema. Los servicios sanitarios dan hoy una respuesta inadecuada a las demandas del consumidor y son gestionados sin la eficiencia deseable. Ello es debido, principalmente, a que los centros de salud y hospitales públicos están encuadrados en el marco de la Administración pública, que los autolimita en su capacidad de respuesta operativa.

Limitaciones

Por tanto, será preciso remover limitaciones como la regulación excesiva y el inadecuado papel monopolista en la provisión, mediante la consolidación y generalización de experiencias como las empresas públicas sanitarias, los consorcios públicos gestionados con técnicas e instrumentos del derecho privado y la apertura a la iniciativa privada en la provisión de servicios. Paralelamente habrá que asegurar instrumentos de control político, parlamentario y gubernamental, como la utilización de auditorías sobre el empleo de los fondos públicos.

Finalmente, los objetivos de la reforma no deben crear incertidumbre sobre el futuro del sector público. Sería un error crear expectativas que puedan dañar la confianza de la población y la motivación de los profesionales. Los cambios deben desarrollarse con el más amplio consenso entre las fuerzas políticas.

Las distintas opciones políticas deberán hacer explícitas y claras sus opciones dirigidas a los tres aspectos clave: financiación / cobertura, provisión / gestión, consenso político / pacto de gestión sectorial. Así se facilita tanto el debate como la elección de los ciudadanos.