La CE detectó en 1992 un fraude de 38.500 millones a la arcas comunitarias

SERVIMEDIA, El fraude a las arcas comunitarias ascendió en el ejercicio 1992 a 270 millones de ecus, unos 38.500 millones de pesetas, según un informe de la Comisión Europea difundido por su oficina en España.

Los casos de fraude descubiertos fueron 1.850, de los que un total de 820 correspondieron a irregularidades en los recargos arancelarios de la política agraria común (PAC) y en las importaciones procedentes de terceros países. El dinero ocultado a las arcas de la Comunidad Europea ascendió a 21.300 millones de pesetas.

Los 1.030 casos restantes, de acuerdo con el informe de la Comisión, consistieron en apropiaciones indebidas de las ayudas del Feoga-Garantía, el fondo comunitario encargado de subvencionar las explotaciones de los agricultores y ganaderos. El fraude en este capítulo se elevó a un total de 17.670 millones.

El fraude más importante se localiza en el sector del aceite de oliva (en el que España es el principal productor, seguida de Italia y de Grecia). También es frecuente en el mercado de vídeos y de casetes, y en el de carne bovina.

Según el informe de la Comisión, la agricultura es la actividad que más fraude viene generando desde el año 1989, con más de 3.200 casos en las ayudas del fondo Feoga-Garantía.

La Comisión señala que el fraude se da en todos los países de la Comunidad, y aunque no existe un defraudador tipo, en los Estados del Norte "el número de fraudes importantes es mayor", mientras que en el Sur es más frecuente entre pequeñas empresas.

Presupuesto comunitario

El año pasado, el presupuesto comunitario para luchar contra el fraude fue de casi 11.000 millones de pesetas. En el ejercicio 1993 se ha aumentado la partida hasta 19.047 millones, lo que significa un incremento superior al 45%. El incremento indica la preocupación de las autoridades comunitarias por erradicar el fraude.

Entre los medios creados por la CE para combatirlo destaca la UCLAF (Unidad de Coordinación de la Lucha Anti-Fraude), que se encarga de coordinar a los Estados miembros y la Comisión, ya que la detección y represión del fraude depende de las Administraciones nacionales.

Además, la Comunidad cuenta con redes de telemática conectadas por ordenador con los servicios de aduanas de los Estados miembros, tanto en las fronteras como en los puertos y en los aeropuertos.