Moreiras cree que UGT se financió mediante extorsión a empresas

El juez Miguel Moreiras dictó el pasado 20 de abril un auto por el que incorpora al sumario Enatcar las declaraciones Cecilio Cereceda, uno de los inculpados en la causa. En su resolución, el magistrado considera que UGT se financió irregularmente mediante extorsion a empresarios privados y con fondos de Renfe. Cereceda afirmaba, en síntesis, que para poder adquirir en propiedad la línea de transporte de pasajeros Lorca-Murcia, que ya explotaba en alquiler, tuvo que pagar en dinero negro 30 millones de pesetas a UGT.

Moreiras, asumiendo como ciertas las declaraciones de Cereceda, señala en los fundamentos jurídicos del auto que "lo que realmente sucedió fue que la UGT se financió irregularmente, tanto mediante la extorsión a empresarios privados del transporte que trabajaban para Renfe, como mediante la obtención de importantes sumas de dinero de la compañía ferroviaria que les eran entregadas con la connivencia y cooperación del ya citado Rafael Ortega Martín [antiguo presidente de Enatcar], quien decía a sus subordinados en las sociedades filiares de Renfe para que acataran sus instrucciones, que las había tomado o decidido Poli, refiriéndose a Apiolinar Rodríguez".Moreiras precisa que "ya fuere mediante supuestas extorsiones o mediante malversaciones de fondos públicos, al parecer se trataba de recaudar fondos de manera ilegal para financiar al sindicato UGT".

UGT contestó ayer en un comunicado que el auto de Moreiras no tiene "ninguna consistencia jurídica" y que el magistrado ha llegado a trasgredir la realidad sumarial".

"Intento de exculpación"

La central sindical precisa que el auto no ha tenido en cuenta las declaraciones de testigos que niegan las acusaciones, sino sólo la segunda declaración de Cereceda, en la que éste busca exculparse. Agrega UGT que las líneas de Renfe se vendieron de acuerdo con la ley de Ordenación de Transportes, que obligaba a su venta, y que una comisión Renfe- Fenebús (patronal de transportes) fijó el precio mediante una fórmula matemática igual para todos y con un largo procedimiento al que UGT fue ajena. UGT no niega la recepción de cantidades como donaciones de entidades privadas a las actividades del sindicato.

"Sólo ignorando las normas", puntualiza UGT, "se puede dar verosimilitud a la denuncia, ya que el proceso no establecía ninguna discrecionalidad ni para vender o no las líneas, ni para determinar el destinatario, ni en el precio absolutamente igual para todos. La pregunta es para qué daban una comisión, y, lo que resulta esperpéntico, para qué se la daban a UGT".

Miguel Bajo, abogado del ex tesorero de UGT Paulino Barrabés, por su parte, indicó: "No consta en ningún sitio que Cereceda vincule la entrega de los 30 millones a la venta de las líneas. No consta que Julen Elgorriaga [actual presidente de Enatcar] hubiera propuesto un acuerdo extrajudicial a Cereceda para que se retirase la querella y no consta que Cereceda dijera que cuando estuvo en Carabanchel recibiera advertencias de funcionarios de prisiones sobre lo que fuese a declarar. Por tanto, o es un error del juez o es un invento para acumular este hecho a un procedimiento cuya competencia sólo le venía atribuida por la presunción de un delito monetario".