La CE aplaza la discusión de los precios agrarios ante la magnitud de la discrepancia

No hubo acuerdo ayer en Luxemburgo entre los ministros de Agricultura de los Doce para la fijación de los precios agrarios para la nueva campaña. Las pretensiones expuestas por los ministros en la rueda inicial de intervenciones sobrepasaban muy ampliamente las posibilidades del presupuesto de la Comunidad Europea, por lo que la presidencia danesa del consejo decidió dejar el debate para la próxima reunión, que se celebrará a finales de mayo.Al inicio de la reunión, la Comisión Europea proponía, en la práctica, una política de congelación de precios y la presidencia danesa pretendía, por su parte, que los ministros no se fueran sin cerrar el paquete de precios. Una y otra pretensión quedaron desbordadas por la actitud exigente de los ministros.

A la dificultad habitual de este debate se han añadido las dudas que suscita la reforma de la Política Agrícola Común (PAC), aprobada el pasado año en mayo, así como las distorsiones que han producido las turbulencias del Sistema Monetario Europeo (SME) desde el pasado septiembre en algunos mecanismos agromonetarios.

En los días previos al Consejo de Ministros de Agricultura de los Doce, no se encaraba con especial preocupación la fijación de los precios agrarios, precisamente debido a que los expertos consideraban que buena parte del debate había sido ya realizado en la reforma de la política agrícola.

Sin embargo, la actual mayoría de gobierno de centro-derecha en Francia venía apuntado, principalmente durante su campaña electoral, la posibilidad de solicitar una reforma de la reforma de la PAC, sobre todo a propósito del acuerdo agrario con Estados Unidos de limitación de exportaciones subvencionadas y de cultivos de oleaginosas, que consideraban incompatible con la nueva Política Agrícola Común.

Esta postura reformadora está provocada, en gran parte, por las masivas protestas de los agricultores franceses que precedieron a las últimas elecciones.

El Gobierno alemán, por su parte, considera que hay que simplificar la nueva PAC y aplicar el principio de subsidiariedad siempre que sea posible, devolviendo la capacidad de decisión a los Estados o, en su caso, a las regiones.