La inversión mínima para tener 'vacaciones fiscales' en el País Vasco será de 80 millones

Las empresas de nueva creación en el País Vasco que quieran acogerse a las vacaciones fiscales (no pagar el impuesto de sociedades durante 10 años) deberán realizar una inversión mínima de 80 millones de pesetas y crear al menos 10 puestos de trabajo, según se recoge en la norma foral que aprobará la semana que viene el consejo de gobierno de la Diputación de Vizcaya. El texto cuenta con la oposición de los socialistas vascos y será recurrido por la Administración central.

El documento, que también tiene que ser aprobado en las otras dos diputaciones forales de Álava y Guipúzcoa, previsiblemente será similar y se presentará, con toda probabilidad, la semana que viene. El apartado de la norma dedicado a las vacaciones fiscales incluye un total de 12 requisitos para que las empresas que se creen a partir de la promulgación de la norma hasta el 31 de diciembre de 1994 se acojan a esta bonificación fiscal. El capital mínimo totalmente desembolsado será de 20 millones de pesetas. Y las sociedades deben disponer de un plan de actuación empresarial de, como mínimo, cinco años. Este plan estará sometido a un informe de la Consejería de Industria.En el texto se señalan toda una serie de medidas para evitar la picaresca por parte de empresarios que ya estén establecidos en el País vasco. Por ejemplo, la nueva actividad no debe haberse ejercido anteriormente bajo otra titularidad y la nueva empresa no se puede crear como consecuencia de operaciones de fusión, escisión, transformación o aportación de activos.

La inversión mínima se eleva a 80 millones de pesetas. Aunque las nuevas empresas deben constituirse durante este año y el siguiente, las diputaciones permitirán que el desembolso de la inversión se prolongue hasta el 31 de diciembre de 1995. En el apartado de creación de empleo se exige un mínimo de diez puestos de trabajo que deberán crearse en los "seis meses siguientes a su construcción".

Otras condiciones menores impuestas por las diputaciones son que las sociedades no lo sean en régimen de transparencia, que realicen su actividad en un local de uso exclusivo y que no tributen en régimen de tributación consolidada.

La exención del pago del impuesto de sociedades no afectará, sin embargo, a los rendimientos del capital mobiliario ni a los incrementos de patrimonio, que deberán tributar un 25%. En el caso del capital inmobiliario se limitará su tributación al importe de la retención, según este documento. La norma advierte que la exención se perderá totalmente si durante esos diez años la nueva sociedad aflora activos.

Junto a esta bonificación fiscal, las diputaciones aprobarán el resto de las, medidas fiscales que fijó la semana pasada el órgano de coordinación tributaria. Entre ellas destaca la reducción en la base imponible del 50% de la cantidad destinada por las empresas a una reserva especial para inversiones productivas. A esta medida, que también ha sido criticada por el Partido Socialista de Euskadi, se podrán acoger aquellas sociedades que materialicen las inversiones en activos fijos nuevos antes del 31 de diciembre de 1995.

Otras medidas fiscales

Además, habrá un 25% de deducción en el impuesto de sociedades para las empresas que realicen inversiones en activos fijos nuevos por un importe mínimo anual de 10 millones de pesetas y por un periodo de amortización mínimo de cinco años. Habrá también incentivos fiscales para las inversiones en Investigación y Desarrollo (I+D) y para las in versiones relacionadas con la exportación con un límite mínimo de inversión de diez millones de pesetas anual, así como una deducción del 15% del coste de los nuevos trabajadores con un límite de medio millón de pesetas por operario.La aprobación de las medidas fiscales estaba prevista para ayer pero la oposición socialista evitó que la norma llegara a la mesa de los consejos de Gobierno de las tres diputaciones. El Partido Nacionalista Vasco, sin embargo no tendrá ningún problema para sacar adelante el texto, dado que tanto el Partido Popular (PP) como Eusko Alkartasuna (EA) han anunciado su apoyo en las juntas generales (parlamento provincial).

El frente de batalla se trasladará a los tribunales ordinarios ante el previsible recurso del secretario de Estado de Hacienda, Antonio Zabalza.

Por otro lado, la Diputación de Vizcaya aprobó ayer un plan para promover la competitividad de las pequeñas y medianas empresas (pymes) con un presupuesto de 3.112 millones de pesetas hasta el año 1995. La iniciativa ofrece un acceso prioritario a las empresas que tengan menos de 100 empleados y no podrán acogerse a ella aquellas que superen los 500 trabajadores o los 10.000 millones de pesetas de facturación.