Una burguesía contra las cuerdas

Las diligencias del juez Estevill siembran el temor entre los industriales catalanes

Las detenciones de Manuel Carreras, vicepresidente de Benkers, y de Antonio Sagnier, consejero delegado de Privat Bank -puesto en libertad bajo fianza-, desparraman desconcierto y temor por las arterias de una clase empresarial cuyos esquemas anidan en el calvinismo industrial mucho más que en los arrebatos financieros. Para los empresarios, la moral es un código de acción. Las gestoras de patrimonios creadas por los grandes de la industria familiar no han sido inculpadas en el presunto fraude fiscal de 1.500 millones de pesetas que instruye el juez Lluís Pascual Estevill. Pero sí algunos de sus ejecutivos. Y en manos del magistrado, la presunción es ya un castigo social.

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La compleja instrucción

El último mazazo cayó en la tarde del pasado 16 de abril. Dos vehículos se cruzaron a la altura de la calle de Entença, en las inmediaciones de la cárcel Modelo de Barcelona. En uno de ellos viajaba hacia la libertad condicional Antonio Sagnier, financiero de impoluta imagen y elitista trayectoria -desempeñó cargos en el Santander y el Natwest-, actual consejero delegado del Privat Bank. El segundo transportaba hacia una celda a Manuel Carreras, vicepresidente de Benkers, una agencia de valores fundada por los grupos familiares Corominas y Soldevila, de larga y fecunda tradición en los sectores textil y financiero.Las diligencias abiertas por el magistrado Lluís Pascual Estevill en el presunto fraude fiscal de 1.500 millones de pesetas han sembrado la inquietud en los círculos de la clase industrial "Algunos no duermen en casa, sin haber cometido ningún delito", explica un empresario exportador. "Alguien ha decretado una especie de estado de excepción y ha sembrado un pánico inexplicable que tiene una insólita similitud con el clima que rodeó al fraude a la Seguridad Social de principios de los años ochenta", secunda otro, blindado en el riguroso anonimato.

Sea como sea, Pascual Estevill, hoy juez del cuarto turno que había alcanzado notoriedad como civilista hace algunos años en el bufete del procurador José María Sicart, es el azote de la clase social en cuyas filas se encuentran algunos de sus antiguos clientes. Sobre su solitaria firmeza han recaído los escándalos económicos de la Barcelona posolímpica: Macosa, Planasdemunt, Grupo Cor, Hotel Arts y hasta los últimos coletazos del caso Prenafeta.

Las diligencias del titular del Juzgado de Instrucción numero 26 de Barcelona propulsan el desconcierto y suscitan la sorpresa procesal. El asunto Macosa estalló el pasado mes de octubre con el auto de prisión contra Eduardo Santos, ex presidente de la compañía de material ferroviario y ex subsecretario del Ministerio de Industria. El inculpado soportó una orden de captura; pero cuando, poco después se presentó a prestar declaración, salió con una fianza de 10 millones de pesetas.

En el caso del supuesto fraude fiscal de 1.500 millones de pesetas, la orden de detención cayó con estrépito sobre José Felipe Bertrán de Caralt, ex vicepresidente de Asland, albacea histórico de una de las familias con mayor tradición en la gran industria privada e impulsor de iniciativas empresariales como la refundación democrática del Fomento del Trabajo Nacional cuando en plena transición combatió el verticalismo del entonces presidente, Felix Gallardo, y actuó de propulsor en la ascensión de Carlos Ferrer Salat a la cima de la CEIDE. La figura del empresario ha estado vinculada a la creación del Círculo de Empresarios de Madrid y al nacimiento, más reciente, del Instituto de la Empresa Familiar. Dos días después del auto judicial, que le inculpaba y ordenaba su detención, Bertrán de Caralt declaró y salió sin fianza.

Este mismo escándalo, en el que se investiga el supuesto blanqueo de dinero a través de cuentas con identidades falsas, ha implicado a Francisco Querol, al abogado Josep Maria Caminals, al financiero José Pérez Sala Valls Taberner y a Timoteo Ramírez, apoderado de una sociedad controlada por Bertrán de Caralt. Las investigaciones judiciales se han centrado también en la antigua filial de un gran banco nacional que con posterioridad a los hechos de las supuestas imputaciones fue adquirida por un grupo italiano.

Quienes defienden al polémico magistrado lo hacen con un ojo puesto en la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde se realizó la investigación preliminar del presunto fraude fiscal concluido con la querella ahora instruida. Reconocen en las finanzas, cuya gramática es el dinero, una ética tan implacable como ambigua.

Detractores del juez

Los detractores de Pascual Estevill, en cambio, le imputan el aliento de "un modelo de justicia fatalmente sesgado por el origen humilde del juez, quien en sus tiempos de letrado amasé el patrimonio que le permitió mantener un notable despacho privado, hoy inactivo, y desde el que dentro de pocos meses volverá- a ejercer la abogacía", señalan medios jurídicos.En los núcleos de las entidades civiles que congregan al mundo económico catalán -Círculo de Economía y Círculo Ecuestre, entre otras- se palpa la indignación producida al añadir castigo social sobre lo que en algún caso han sido simples medidas cautelares. Mucho más porque el freno a la codicia financiera representa una herencia hegemónica en la cultura industrial autóctona, "la que tiene raíces reales en el tejido productivo", destaca otro industrial.

El fiscal jefe de Barcelona, Carlos Jiménez Villarejo, no debía de tenerlo tan claro cuando, al inicio de la investigación, relacionó a Benkers con las actividades efectuadas por Antonio Sagnier antes de desempeñar el cargo de consejero en el Privat Bank. La inculpación de este último, relacionada con cuentas de identidades ficticias, fue iniciada por el Tribunal Superior como en el caso de Manuel Carreras.

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