Pero... ¿existió alguna vez KIO?

EL ANUNCIO del cierre de la papelera Eppic, la antigua Inpacsa, supone el inicio de la última fase de la aventura de KIO en España, cuyo final difícilmente puede ser otro que la liquidación de la gran mayoría de las empresas del grupo. Lamentablemente, ya no se trata de alertar sobre el futuro de las sociedades o de los miles de empleos que están en peligro, sino de asistir a la destrucción de ambos.Este acontecimiento coincide en el tiempo con la presentación en Londres de una nueva querella de KIO, contra los antiguos gestores de sus negocios en España (Javier de la Rosa, Fouad Jaffer y Fahd al Sabah) tras ser rechazada por los tribunales españoles, que no encontraron motivo -el Código Penal español no tipifica como delito la administración fraudulenta- para enjuiciar la que, presumiblemente, será una de las estafas financieras mayores de la historia de España: evaporación demás de 500.000 millones (le pesetas y pérdida de 100.000 empleos.

En pocos meses, lo que queda del antiguo Grupo Torras -el holding de las inversiones de KIO- puede estar desguazado en buena parte, y cuando el país vuelva a recuperar su pulso normal, podría ser un recuerdo. A estas alturas, las discusiones sobre si las inversiones fueron públicas o privadas para establecer la responsabilidad del Gobierno, o si se efectuaron mayores o menores irregularidades en la Bolsa, con ser importantes, son secundarias. Lo cierto es que el Gobierno, quizá por una errónea aplicación del principio de no intervención en un negocio privado, ha presenciado los actos de una tragedia prevista con muy escasa capacidad de reacción ante una gestión oscura y, desde luego, absolutamente ineficiente. Y el Partido Popular, que utilizó KIO como arma arrojadiza hasta que se convocaron las elecciones, ha cesado en su interés ante las expectativas de triunfo en los comicios legislativos.

Sorprendentemente, es posible que en estos momentos sólo quepa confiar en la eficacia de los tribunales británicos para esclarecer la gravedad de las irregularidades financieras y castigar a sus responsables. De no ser así, la huella que dejaría en la sociedad la impunidad de estas conductas sería tan negativa o más que los daños económicos y sociales causados.

La cada vez más extendida sensación de impunidad por tamaño pillaje se agrava ante la falta de información sobre el Grupo KIO y sus responsables. Todos los altos funcionarios del grupo han desaparecido. La gestión de la matriz Grupo Torras se ha encomendado a un ejecutivo de segunda fila, Salah al Maousherji, con la única misión de evitar cualquier nueva aportación de capital kuwaití. En el sector papelero, Torras Papel y Sarrió Papel afrontan una reconversión sin disponer de margen de maniobra por la falta de recursos financieros y el abandono de los propietarios. En Ercros no hay más opciones que vender o liquidar, y así poder cubrir parte de los compromisos del fondo de pensiones de los empleados. En el sector inmobiliario, la única salida para Prima Inmobiliaria -que ha dejado empantanada la madrileña plaza de Castilla con dos torres inacabadas- es que sea rescatada por sus acreedores...

Todo ello enmarañado por numerosos procesos de suspensiones de pagos de las principales sociedades del grupo que aparecen con intereses cruzados, ya sean como acreedores o como deudores, permite pronosticar un final inmerecido para quienes confían y cumplen con las reglas del sistema democrático.