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Reportaje:

Euskadi busca desesperadamente empresas

La exención del impuesto de sociedades reabre la polémica sobre la autonomía fiscal vasca

La aplicación del concierto económico se ha convertido en el Guadiana del enfrentamiento en materia fiscal entre las Administraciones central y vasca. La aprobación de 10 años de vacaciones fiscales (no pagar el impuesto de sociedades) para empresas de nueva creación en 1993 y 1994 ha reabierto la polémica sobre la autonomía fiscal vasca. Lo que pretende ser un instrumento de reactivación para el tejido industrial vasco ha dado paso a una guerra entre comunidades con la anuencia del secretario de Estado, Antonio Zabalza. De momento, la batería de medidas fiscales aprobada en el pacto institucional supondrá una disminución de la recaudación en Euskadi cercan, a los 7.000 millones de pesetas anuales.

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Palabras como insolidaridad, discriminación y paraíso fiscal han retornado durante esta semana al lenguaje manido de políticos y asesores fiscales. El consejero de Economía de La Rioja, Florencio Alonso, ha hablado, tras su entrevista con Zabalza el martes, de una "ofensiva" conjunta para frenar los "excesos" vascos, y el Gobierno cántabro está dispuesto cerrar filas en tomo a ese frente común.El consejero de Economía y Hacienda vasco, José Luis Larrea, sonríe cuando escucha las críticas de estas autonomías: "Pero qué voy yo a armonizar con ellos si no tienen competencias en esa materia. Es que todavía no se han enterado, como antes le pasó a Bruselas, que aquí tenemos una cosa que se llama concierto económico. No tengo ningún interés en abrir guerras entre comunidades, pero me da la impresión de que otros pueden tenerlo. Mi interlocutor sigue siendo la Administración central, pero no entiendo este revuelo Por unas vacaciones que, de hecho, funcionan ya en comarcas de varios países comunitarios".

Poca gente conoce que Bélgica disfruta de exenciones parciales similares o que ocho regiones italianas (entre ellas Calabria, Campania, Sicilia, Cerdeña) eximen a todas las empresas de pagar los impuestos de sociedades nacional y local durante 10 años. O que las empresas de nueva creación entre 1988-1992 en Córcega en los sectores industrial, hotelero y en los de la construcción y trabajos públicos gozan de ocho años de vacaciones fiscales.

"En esto los vascos no hemos inventado nada. La propia Administración central aprobó incentivos fiscales muy importantes para empresas de nueva creación en La Cartuja de Sevilla, en Barcelona, y entonces nadie les acusó de insolidarios", mantiene Larrea.

Incentivo discordia

El incentivo de la discordia supondrá que las empresas vascas que se creen este año y el que viene y cumplan unas determinadas condiciones no pagarán el impuesto de sociedades durante 10 años. Esta exoneración será incompatible con cualquier otro beneficio tributario o crédito de impuesto. La medida, aprobada en el pacto institucional por el Gobierno vasco y las tres diputaciones, pretende impedir que el fantasma de la desertización industrial despliegue definitivamente su sábana en Euskadi. En 1992, la industria vasca tuvo un crecimiento negativo del 1,9%, se perdieron 36.000 puestos de trabajo netos -20.000 industriales- y el nivel de desempleo se situó en el 21,5%, lo que supone un total de 198.000 parados.Esta situación ha sido calificada por el lehendakari, José Antonio Ardanza, de "muy delicada", y por ello se han aprobado "respuestas excepcionales". A partir de 1995, la idea de Larrea es seguir los dictámenes del informe sobre armonización fiscal elaborado en 1992 para la Comisión por Onno Rudding, ex ministro de Hacienda holandés. "Running recomienda un tipo en torno al 30-40%, yo me inclino por el 30% y, consiguientemente, por hacer desaparecer todos estos mecanismos de incentivación", afirma Larrea.

Antonio Zabalza no quiere esperar tanto y ha advertido que recurrirá las normas ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Zabalza calificó las vacaciones fiscales como "excesivas, distorsionadoras", al tiempo que acusaba al Gobierno vasco de provococar una "disminución de la presión fiscal" para los empresarios radicados en Euskadi frente a los del resto de España. El economista vasco Atton Pérez Calleja interpreta que hay una tendencia por parte de la Administración central a "confundir unidad con uniformidad".

Con todo, Pérez Calleja no cree que los incentivos fiscales aprobados "vayan a crear muchos empleos, aunque servirán para atraer la inversión exterior". De hecho, las empresas ya han empezado a moverse en el tablero comunitario. Una multinacional alemana ha solicitado información a una importante auditora radicada en Euskadi para conocer el alcance de las medidas aprobadas y reconducir sus inversiones hacia territorio vasco.

Normas forales

¿Pero qué empresas podrán acogerse a esta medida? Los requisitos no están aún cerrados y la adopción de unos u otros puede incluso desactivar el recurso anunciado por Zabalza a principios de mes. Socialistas y nacionalistas negociarán en el Organo de Coordinación Tributaria esas "determinadas condiciones" antes de que las tres diputaciones redacten las normas forales. La fecha límite para su aprobación es el próximo 6 de mayo. Algunos requisitos han transcendido ya: las empresas deberán ser productivas, quedando fuera tanto las de tipo financiero como las de servicios y las asesorías fiscales. Fuentes gubernamentales aseguraron que "no se va a marcar un volumen mínimo de inversión", y dijeron que se pretende "priorizar la pequeña y mediana empresa -entre 20 y 300 trabajadores- para ayudar a la diversificación del tejido industrial".Pero el criterio que enfrenta a ambos socios de gobierno es el de la territorialidad. El PNV cree que este incentivo fiscal debe ser de aplicación general en toda la comunidad. Larrea ha indicado que Ia situación de Euskadi, como ámbito territorial en general, es lo suficientemente complicada como para que encima demos pasos adicionales de territorialización. Yo no cierro la puerta a cierta territorialización, pero nuestra tesis es más respetuosa con la legalidad comunitaria que discriminar y decir en tal zona o en la otra".

La postura que mantiene el PSE-EE es justo la contraria. Su número dos, José Luis Marcos Merino, ha propuesto la localización de las inversiones en la margen izquierda de la ría y en el cinturón industrial de San Sebastián. Los socialistas quieren utilizar además el instrumento de las zonas de empresa -un máximo de 300 hectáreas-, aprobado por la CE, que va dirigido a "recuperar el tejido industrial.

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