¿Un general?

Durante el franquismo, la policía del Estado fue contemplada como una parte más del Ejército. Igualmente, el director general de la Guardia Civil debía ser un general de división del arma de Infantería.Sin embargo, las policías municipales conservaron su tradicional carácter civil durante este periodo, pero no lograron eludir una militarización encubierta. Así, fueron consideradas como un cómodo lugar de retiro para oficiales del Ejército y de la Guardia Civil, que ocuparon la mayoría de sus jefaturas.

A pesar de que la Constitución de 1978 realizó una estricta separación entre la policía y las Fuerzas Armadas, con misiones bien distintas, la transición democrática no trajo consigo cambios muy importantes con respecto al carácter de los cuerpos de seguridad.

La propia izquierda que tomó el poder en las municipales de 1979 continuó la vieja tradición de colocar militares en la jefatura de muchas policías locales, sólo que exigiéndoles un marchamo democrático.

La nueva policía local que nació tras las reformas emprendidas en 1979, con mayores competencias y mucho más profesionalizada, necesitaba mandos con una filosofía de dirección y con capacidades bien distintas a las que poseían los jefes militares. Así, se fue potenciando la promoción interna de los policías de base que ingresaron en la década de los ochenta, que incluían un buen porcentaje de universitarios, o el acceso de miembros del extinto Cuerpo Superior de Policía, de procedencia civil.

El túnel del tiempo

Una vez reconducida la situación, cuando las jefaturas castrenses en la policía local, a no pasan de ser una situación minoritaria y a extinguir, el gobierno municipal de Madrid pretende el retorno a la caverna, a través del nombramiento digital de un general como inspector jefe de la policía municipal más importante del país.

Dicho nombramiento, además de suponer un insulto para todos los profesionales de la policía local, pues con él se nos está tildando de incapaces para asumir dicha responsabilidad, supone un grave error político en el fondo e importantes ilegalidades en la forma.

Optar por la solución militar para resolver los numerosos problemas de la Policía Municipal significa una tremenda confusión conceptual, no conocer la experiencia policial madrileña ni la española y apostar por una filosofía autoritaria para mantener la seguridad ciudadana. El profesor BaIlvé ya lo explicaba en un libro publicado en 1977: "Los militares pertenecen a una profesión con unos valores, con unos métodos y con unos fines que son completamente diferentes de los que debe tener la policía. Así, por ejemplo, los militares deben estar preparados (...) para la defensa del territorio, y , por tanto, para enfrentarse a otro Ejército. Para ello son necesarios una organización, unos medios, una disciplina y unos valores peculiares. Ahora bien, éstos están en absoluta contradicción con otra profesión, la de policía, cuyos fines no son los de enfrentarse con otro Ejército, sino los de garantizar los derechos fundamentales y la legalidad democrática".

En el ámbito legal, la decisión del Partido Popular de Madrid, como todo nombramiento directo de funcionario público que no sea cargo de confianza, adolece de ilegalidades. El artículo 33 de la Ley 4/ 1992, de Coordinación de las Policías Locales de la Comunidad de Madrid, prohibe expresamente la contratación de funcionarlos interinos en estos cuerpos, al establecer que Ios policías locales son funcionarios de carrera de los ayuntamientos respectivos...". Y el reglamento para el Cuerpo de Policía Municipal del propio Ayuntamiento de Madrid, en su artículo 35, establece que "el acceso a las categorías de la escala técnica de mando se realizará mediante oposición libre o concurso-oposición...".

La Policía Municipal de Madrid cuenta con unos 40 oficiales, muchos de ellos licenciados universitarios, y más de un 5% de sus 5.000 componentes en todas las categorías jerárquicas cuentan con esa titulación académica, que es la necesaria para acceder al empleo de inspector jefe del cuerpo. Otra posibilidad, contemplada por la Ley de Coordinación (artículo 38), es ofertar la plaza a los funcionarios de la policías locales de la Comunidad de Madrid por la vía de movilidad. ¿Es que el gobierno municipal de Madrid piensa que ninguno de ellos cuenta con la capacidad y experiencia necesarias para asumir esa responsabilidad?

José Francisco Cano de la Vega fue sargento de la Policía Municipal de Madrid, está afiliado a UGT y es jefe de la Policía Local de San Fernando de Henares.