Proyectos en la cuneta

CON ADELANTO o no de las elecciones, cada final de legislatura deja tras de sí un número indeterminado de: proyectos de ley en tramitación parlamentaria. Es difícil que pueda ser de otro modo, pues no es posible acompasar al milímetro las exigencias del debate par lamentario con las más perentorias que, en un momento determinado, aconsejan la disolución de las cámaras y la consiguiente convocatoria de elecciones. Insistir, pues, en este hecho como algo institucionalmente anómalo son ganas de buscar tres pies al gato y de desconocer que, en todo caso, los objetivos de gobernabilidad en general priman sobre los estrictamente legislativos.En esta ocasión, sin embargo, aparte del ingente número de proyectos de ley que han quedado aplaza dos al término de la legislatura (se contabilizan hasta 30 normas pendientes de aprobación), llama la aten ción la importancia social, económica e incluso política de algunos de ellos. Lo cual demuestra, de un lado, el significativo esfuerzo legislativo realizado en los últimos meses por la actual mayoría parlamentaria; de otro, que el momento más adecuado de presentarlos no es precisamente el de los postreros meses de la le gislatura. Esto es cierto sobre todo respecto de aquellos más necesitados de debate y de consenso a causa de la complejidad o del carácter controvertido de su contenido. No hacerlo así implica un riesgo: su más que probable postergación. Es lo que ha sucedido en la legislatura recién concluida con proyectos de ley de especial relevancia y cuya tramitación se juzgaba, unánimemente, de urgencia. Cabe citar, entre otros, el del nuevo Código Penal y los proyectos de ley de huelga y de arrendamientos urbanos principalmente. Es lógico que a los sindicatos no les haya gustado un pelo que la ley de huelga haya quedado en nada cuando estaba a punto de salir triunfante del Parlamento. Pero es difícil creer, como afirman, que el adelanto de las elecciones se deba en alguna medida al deseo de Felipe González de "echar por tierra el acuerdo logrado por el Grupo Parlamentario Socialista y los sindicatos". En todo caso, se verá si tienen o no razón cuando los socialistas den a conocer el programa electoral con el que piensan concurrir a las elecciones.

En el caso del proyecto de nuevo Código Penal, seguramente el más importante de todos, es la segunda vez que se produce su postergación parlamentaria. El proyecto de UCI), cuidadosamente elaborado durante el periodo en que el antiguo partido centrista estuvo en el poder, quedó arrinconado tras la convocatoria de las elecciones de octubre de 1982. El de los socialistas se ha quedado en la cuneta por sus titubeos para sacarlo adelante. Su promesa de hace 11 años -figuraba en el programa electoral de 1982- sólo comenzó a cumplirse en las postrimerías de su tercera legislatura en el poder.

Es lo mejor que ha podido sucederle a un proyecto de nuevo Código Penal elaborado finalmente con apresuramiento y sin el consenso exigible a una iniciativa legislativa de esa envergadura. Es lógico presumir que, cualquiera que sea la nueva correlación de fuerzas surgida de las próximas elecciones, el texto del futuro Código Penal refleje lo más fielmente posible los valores mayoritariamente vigentes en la sociedad y que se debata con calma y con el tiempo necesario. Si ello es así, no es dudoso que propuestas doctrinalmente tan controvertidas, y políticamente tan equivocadas, como la inclusión -directa o disfrazada- en el código del delito de difamación queden definitivamente olvidadas. Será, en todo caso, una decisión de la nueva mayoría que surja de las urnas.