Merco plantea una quita del 50% de su deuda a Aresbank y Argentaria

La empresa pública Merco, actualmente en proceso de liquidación, ha planteado a sus acreedores, Aresbank y la corporación pública Argentaria, una quita del 50% sobre las actuales deudas de 13.000 millones de pesetas. De esta cantidad, unos 6.700 millones corresponden a Aresbank y unos 5.500 millones a Argentaria, a través de las entidades Banco de Crédito Agrícola y Banco Exterior de España. Las deudas iniciales de Merco con las entidades financieras, antes de comenzar hace dos anos su proceso de liquidación, ascendían a más de 30.000 millones.La iniciativa de Merco, propiedad del Patrimonio del Estado, tiene parte de su fundamento en algunas consideraciones vertidas por la propia Comisión Europea, que reclama la devolución de 5.900 millones que había recibido del Tesoro como ampliación de capital para reducir deudas. La Comisión entiende que, en condiciones normales, si Merco hubiera sido una empresa privada sin el soporte último del Estado, esas mismas entidades financieras no habrían concedido los más de 30.000 millones de créditos de que dispuso cuando se hallaba ya técnicamente en quiebra.

La CE tiene abiertos varios procesos contra Merco por la recepción de ayudas públicas entre los que destaca la exigencia de devolver 5.900 millones al Patrimonio.

Según fuentes cercanas a Merco, resulta de dificil cumplimiento que una entidad en proceso de liquidación dependiente del Patrimonio pueda devolver no sólo esos 5.900 millones, sino otros miles de millones que se han aportado en otros momentos. Técnicamente, una solución fácil sería que Patrimonio ampliase el capital de Merco en esos 5.900 millones y que procediera inmediatamente a su retorno al Tesoro. Pero, políticamente, ante la CE, se ve dificil la justificación de este sistema ya que se correría el peligro de que la CE optase por recortar en esos 5.900 millones las ayudas que recibe anualmente el sector agrario español.

Las fuentes cercanas a Merco consideran más apropiado que los riesgos y los problemas existentes en la empresa se asuman a partes iguales entre sus propietarios, el Patrimonio del Estado y las entidades financieras.