Los abogados de los guardias condenados por torturas piden que se amplíe el indulto

Los abogados de los cinco guardias civiles que en 1982 torturaron a Juana Goicoechea esperan que el Gobierno amplíe el indulto que concedió el 12 de febrero a sus representados y evite que los agentes ingresen en prisión. La medida de gracia que otorgó el Consejo de Ministros fue tan sólo parcial y no afectó a la pena que privaba a los agentes José Pérez Navarrete, José Antonio Hernández del Barco, Emilio Parra Moreno, Julio Saavedra Merino y Alejandro Iglesias Blanco de libertad durante cuatro meses. El Gobierno les indultó de la suspensión de funciones durante cuatro años como miembros de los cuerpos de seguridad del Estado. Los guardias civiles deberán ingresar en prisión en el momento en el que la Audiencia Provincial dicte una resolución al efecto.Los representantes legales de los agentes esperan que el Gobierno reconsidere la petición de indulto total como la única posibilidad para evitar que los guardias civiles ingresen en la cárcel. La Sala Primera de la Audiencia Provincial de San Sebastián denegó el pasado año la petición de remisión condicional de la condena por las especiales características del delito cometido. El tribunal la negaba debido "a la naturaleza y gravedad de los hechos".