"El Ejército hace funciones de policía de acuerdo con la ley"

Mohamed Hardi, el ministro del interior de Argelia, tiene 49 años de edad y es padre de cuatro hijos. Licenciado en Leyes y en Ciencias Económicas por las Universidades de Argel y de París, ha desempeñado la secretaría general del Ministerio de Información entre 1977 y 1981.En 1982 y hasta su nombramiento como ministro, hace medio año, trabajó como experto cerca de las Naciones Unidas. Sus declaraciones a los medios de comunicación siempre son escasas. Desde el fondo del sofá, en ayunas, en pleno Ramadán, y en su despacho en la sede del primer ministro, muy cerca del corazón de Argel, Hardi responde con calma, sin eludir ninguna pregunta.

Pregunta. La multiplicidad de órganos administrativos y de estamentos implicados en la política de seguridad de Argelia provocan cierta confusión. ¿Quién manda realmente?

Respuesta. No hay ningún misterio. Lo que pasa en Argelia es un poco lo que sucede en todos los sistemas organizados e institucionalizados del mundo moderno. La política de seguridad interna está sometida a un triple procedimiento: el de elaboración o proposición, el de adopción y el de ejecución. Mi departamento está encargado de la fase de preparación. La discusión y la adopción se llevan. a cabo, primero, en el Consejo de Ministros presidido por el primer ministro, y a continuación, con el presidente del Alto Cornité de Estado. La ejecución es asumida por el conjunto de las instituciones afectadas. Evidentemente, el paquete más importante de medidas es el que asume el Ministerio del Interior.

P. ¿Cuál es el papel del Ejército en la política de seguridad?

R. Creo que esta pregunta se contesta de dos maneras. Por una parte, la participación del Ejército en funciones policiales se efectúa de acuerdo con una ley votada en el mes de diciembre de 1991 - en la que se regula esta colaboración. Conforme a esta norma legal, el Ministerio del Interior tiene el poder de soficitar la participación de unidades del Ejército en operaciones de seguridad. Pero además el Ejército Nacional Popular es una institución de la República que funciona permanentemente en el marco de las leyes. Su representante, el ministro de Defensa, participa en la elaboración de la política de seguridad en el Consejo de Ministros. Toda esta colaboración se efectúa dentro del marco de la ley y de la más perfecta normalidad y transparencia. Pero además le añado que no hay ninguna dificultad, ni ningún problema en esta relación. Evidentemente, cuando se trata de operaciones policiales concretas, la coordinación se decide día a día, pero siempre de acuerdo con la política general adoptada en el Consejo de Ministros. Incluso en los momentos más graves todo lo que se ha hecho en Argelia en materia de seguridad y orden público se ha llevado a cabo dentro del marco legal. No hay ninguna medida fuera de la ley. Así fortalecemos el Estado de derecho.

P. ¿Cómo lucha contra el terrorismo su ministerio?

R. Dos observaciones preliminares. La primera, que el aspecto de seguridad no afecta a todo el país. Quiero decir que las dificultades están concentradas esencialmente en la capital y sus provincias limítrofes. En el interior del territorio hay otra Argelia. La población pide trabajo, vivienda... Existe en los medios de comunicación extranjeros una especie de psicosis de seguridad que se ha hecho extensiva, de forma abusiva, al resto de Argelia. Para un observador extranjero, toda Argelia parece afectada por una grave crisis de orden público. Y esto, se lo puedo decir, es totalmente falso.

P. ¿Y la segunda observación preliminar, cuál era?

R. El Frente Islámico de Salvación [FIS] ostentaba el control de los ayuntamientos y de las asambleas provinciales. Nos dimos cuenta de que estas asambleas se habían transformado en bases logísticas de la subversión. Por eso el Gobierno decidió proceder a su disolución. De la misma manera hemos disuelto los sindicatos, las asociaciones religiosas o los centros sociales que fueron utilizados por el FIS.

P. Cerrado el paréntesis, la pregunta sobre el terrorismo sigue pendiente. ¿Cómo se plantea su ministerio esta lucha?

R. La violencia armada en Argelia no sólo es terrorismo político. En esta crisis de orden público confluyen dos fenómenos de naturaleza distinta, pero que actualmente se han fusionado. El primer fenómeno es el bandidismo y la delincuencia común. El otro es el del terrorismo político. El primer fenómeno, es decir, el del bandidismo, fue generado por la política desarrollada entre la muerte de Huari Bumedian y la llegada de Mohamed Budiaf. Durante ese periodo, Argelia se partió en dos. Un sector quedó empobrecido, fuera del progreso y del desarrollo. Este sector, muy joven, se encontró sin escuelas, con problemas de viviendas, sin trabajo y sin la posibilidad de emigrar. Mientras, se abrieron las fronteras y el mercado se inundó de droga. Todo esto ha generado el fenómeno del gran bandidismo. El aparato de seguridad civil no estaba preparado para luchar contra esta situación. Nuestra falta de reacción se incrementó con la aparición del terrorismo político. Con el agravante de que en nuestro país, a diferencia de Europa, el terrorismo ha utilizado el gran bandidismo, y el gran bandidismo se ha beneficiado del terrorismo. Nos enfrentamos a dos fenómenos mezclados. El resultado es una nueva forma de violencia, con características propias. Estamos así ante una tercera forma de violencia. Compleja desde el punto de vista del análisis, de su conocimiento y del antídoto.

P. ¿Cuál es su opinión sobre el reciente informe de Amnistía Internacional en el que acusa al gobierno argelino de practicar, desde hace un año, la tortura de forma generalizada?

R. Sinceramente me ha sorprendido profundamente el informe. No - quiero acusar a los militantes de Amnistía Internacional de estar intoxicados, como muchos de nuestros ciudadanos, por el aparato de propaganda del antiguo Frente Islámico de Salvación. Un aparato excesivamente poderoso. Le puedo declarar, de la forma más solemne, que la práctica bárbara de la tortura, la más alta villanía contra la integridad física del hombre, es algo totalmente ajeno al Gobierno. Es una cuestión de honor. La Inspección General de la Policía ha recibido instrucciones muy severas en este sentido. A quienes dicen que la tortura es una práctica generalizada e institucionalizada les digo dos cosas: primero, que están equivocados. Y en segundo lugar, que nos dejan perplejos, sobre todo por el origen de estas informaciones. Me pregunto cuáles son sus verdaderas motivaciones, porque la ley es clara al respecto. En una sociedad que se ha democratizado, donde existe una libertad de prensa, un comité nacional de lucha contra la tortura, muy activo, donde existen dos ligas de defensa de los derechos humanos, donde viven aún ex combatientes de la guerra de liberación que sufrieron en propia carne la tortura, no entiendo cómo las supuestas víctimas no han denunciado los malos tratos, bien por sí mismas, bien a través de sus abogados o familiares. Es indiscutible que, eventualmente, se han cometido excesos. Cuando hay más de 5.000 interrogatorios, en todos los sistemas del mundo se producen ciertos excesos. Ésta no es la cuestión de la que estamos hablando. Es inevitable. Es necesario descubrirlos y sancionarlos. Pero no se puede generalizar por ello.