La caza informativa del menor

Tres menores de edad son asesinadas y algunas cadenas de televisión utilizan a sus familiares para dar contenido a sus programas estrella, los llamados reality show o espectáculo realidad. Una menor de edad se fuga con su profesor y se organiza una persecución por parte de medios escritos y audiovisuales hasta que se la encuentra, y se publican sus fotografías. Una niña de cinco años es raptada presuntamente por un aristócrata y algunos medios consiguen entrevistar a la niña, y nuevamente las televisiones, las revistas del corazón y los periódicos ofrecen imágenes.

La niña de Sevilla tardará mucho tiempo en olvidar la nube de periodistas, fotógrafos y cámaras que ha visto en las pasadas 48 horas. "¿Qué está sucediendo? ¿Hemos perdido el norte y los más elementales valores de respeto a la vida de las personas, especialmente de las más débiles?", se pregunta María Jesús Eresta, coordinadora de varias organizaciones no gubern amen tales que han elevado su más firme protesta a las cadenas de televisión TVE, Antena 3 y Tele 5 por el tratamiento informativo que se ha dado en especial al caso de la niña de Sevilla. Los propios instrumentos que tiene la sociedad para estar informada parece que se han vuelto contra ella."Con el tema de las niñas de Alcásser y los casos posteriores nos enfrentamos, desde el punto de vista jurídico, a una situación nueva, ya que no existe jurisprudencia", dice Marc Carrillo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu i Fabra de Barcelona y autor de varios libros sobre derecho a la información. "Pero lo que debe prevalecer en este caso de colisión de dos derechos, el de la información y el de la intimidad, es el derecho a la propia imagen, porque no media un interés público, sino que se busca el amarillismo y el sensacionalismo informativo con el fin de hacer de la información un espectáculo".

Las leyes españolas (protección del derecho al honor y a la propia imagen), la Convención de los Derechos del Niño de la ONU, ratificada por España, y los códigos de conducta profesionales rechazan estas actuaciones de los medios. Los padres o tutores legales de los menores deben comunicar al fiscal si dichos menores van a aparecer en los medios de comunicación. Si el fiscal se opone, entonces deberá resolverlo el juez. Por otra parte, existen códigos profesionales -el adoptado por el Colegio de Periodistas Catalanes y otras normas en libros de estilo de periódicos y algunas televisiones- que reclaman la protección de la identidad de los menores.

Las asociaciones ciudadanas relacionadas con niños no están y solas en la protesta. Los fiscales han anunciado medidas especiales, la Dirección General de Protección Jurídica del Menor en ha denunciado el hecho como una violación de los derechos fundamentales y el Defensor del Pueblo ha advertido a la Fiscalía General del Estado de la gravedad de esta práctica.

Félix Pantoja, fiscal de Menores de Madrid, no tiene empacho en admitir que "esto es un desmadre", y anuncia que los fiscales están estudiando una forma de intervención rápida de la justicia en estos casos. Juan Carlos Mato, director general de Protección Jurídica del Menor, del Ministerio de Asuntos Sociales, estima que hay que acometer el problema de los padres o tutores m legales que inducen, por las razones que sean, a los menores a aparecer en los medios de comunicación".

El debate se ha instalado también dentro de la profesión periodística. "Como presidente de la Asociacion de la Prensa de Madrid y como Ombudsman (defensor de los lectores) de EL PAíS", dice Jesús de la Serna, "entiendo que se trata de una agresión muy grave a la infancia".

Si son perversos algunos de los casos recientes, también resulta perversa la difusión de las imágenes y de los nombres de los niños en esas circunstancias". El Libro de Estilo de EL PAÍS indica: "En los casos de violación, el nombre de la víctima se omitirá, y solamente podrán utilizarse las iniciales o datos genéricos (edad, profesión, nacionalidad), siempre que no la identifiquen. También se emplearán iniciales cuando los detenidos por la policía o los acusados formalmente de un delito sean menores de edad (18 años)". Xavier O'Callagham, corresponsal de los lectores de Diario 16, es partidario de evitar, en la medida de lo posible, dar los nombres e imágenes de los menores, pero señala que en el caso deAlcàsser era inevitable publicar la identidad de las niñas, que ya había difundido la policía".

Código de ética

Josep Pernau, presidente del Colegio de Periodistas de Cataluña, señala que se está vulnerando constantemente el código de ética periodística, primero que se ha adoptado en España, en el que se incluye la abstención de dar los nombres e imágenes de los menores en casos como los ya citados. "Desgraciadamente, todavía no se puede intervenir hasta que sea asumido por las empresas y se forme un comité de seguimiento dice.Alfonso S. Palomares, presidente y director general de la agencia Efe, estima que no deben citarse los nombres de los menores, "especialmente cuando puede derivarse un daño moral o físico.

Iñaki Gabilondo, director del programa Hoy por hoy de la cadena SER, se lamenta: "La ley de la audiencia, verdadero tótem de la comunicación actual, está provocando el abandono de territorios sagrados como era el del tratamiento informativo de los menores".

José María Izquierdo, director de los servicios informativos de Canal +, señala: "Me parece de auténtica vergüenza saltarse los criterios de sensatez informativa de respeto a los menores".