Un tribunal de San Sebastián ordenará el ingreso en prisión de cinco guardias que fueron indultados

Los guardias civiles José Pérez Navarrete, José Antonio Hernández del Barco, Emilio Parra Moreno, Julio Saavedra Mariño y Alejandro Iglesias Blanco, condenados por torturar en 1982 a Juana Goicoechea, deberán ingresar en prisión para cumplir la pena de cuatro meses de arresto impuesta por la Audiencia Provincial de San Sebastián. El Gobierno indultó a los cinco agentes hace un mes de la condena de inhabilitación profesional durante cuatro años.

La Audiencia emitirá una resolución ordenando el encarcelamiento de los cinco agentes, pese a que el Consejo de Ministros les indultó el pasado 12 de febrero de los cuatro años de inhabilitación, aunque esta medida de gracia no era extensible' a la condena privativa de libertad. Según fuentes judiciales, nadie ha podido precisar si el Gobierno "se olvidó" de indultarles de la pena de reclusión o si esto fue consecuencia de una determinación deliberadamente asumida por el Ejecutivo.La decisión del tribunal de San Sebastián ha sorprendido a las distintas partes implicadas en el suceso. "Una vez que se les concede el indulto, lo extraño es que tan sólo haya sido a una parte de la condena y no la que se refiere a la privación de libertad", indicaron.

Los cinco guardias -entre los que hay dos capitanes- fueron, indultados de la condena de cuatro años de suspensión de funciones como miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado. La Audiencia de San Sebastián emitirá en breve una resolución en la que notificará a los guardias civiles la condena que deben cumplir y la prisión en la que deberán hacerlo. El cumpliento de la pena había quedado en suspenso en tanto el Gobierno resolvía la petición del indulto.

El ministro del Interior, José Luis Corcuera, no ha aclarado el destino que actualmente ocupan los agentes, pese a que la oposición le ha demandado reiteradamente este dato en el Congreso de los Diputados. La Audiencia donostiarra ha acordado "solicitar información sobre el destino de los guardias civiles, con objeto de comunicarles la concesión del indulto por el Gobierno y que deben cumplir la pena de reclusión que tienen pendiente", según. fuentes judiciales. Estos trámites supondrán que el ingreso en prisión no se producirá de forma inminente.

Libertad provisional

La Sala Primera de la Audiencia Provincial de San Sebastián se negó el pasado año a conceder a los cinco guardias civiles la remisión condicional de la pena. En la decisión se tenía en cuenta "la naturaleza y gravedad de los hechos, la repercusión social de los mismos y la concurrencia de un plus de antijuricidad". Y pese a que los magistrados reconocían que los agentes reunían los requisitos básicos para la concesión de la libertad condicional, se negaban a otorgar la remisión condicional de la pena.

El artículo 93 del Código Penal establece que "los tribunales podrán aplicar o no la condena condicional, según lo estimen procedente, atendiendo (...) para ello a la naturaleza jurídica del hecho punible y circunstancias de toda clase que concurrieren en su ejecución".

Juana Goicoechea fue detenida en 1982 y torturada por los capitanes José Pérez Navarrete y José Antonio Hernández del Barco, además de los cabos Emilio Parra Moreno, Julio Saavedra Mariño y Alejandro Iglesias. Como consecuencia de "los golpes y patadas" que recibió padece "un proceso siconeurótico con ansiedad, nerviosismo, cefaleas y mareos de curación imprevisible".

La noticia del indulto fue recibida con indignación por Juana Goicoechea, quien declaró que con la decisión gubernamental "se ha redimido" a sus "verdugos". Ninguno de los agentes fue inhabilitado de sus funciones después de haber sido condenados en firme e incluso ocupan puestos en el departamento de Interior de mayor responsabilidad del que tenían asignado cuando estaban destinados en el cuartel de Intxaurrondo de San Sebastián.

El anterior indulto que concedió el Consejo de Ministros para tres agentes de la Guardia Civil condenados por torturas a los hermanos Olarra se refirió a toda la pena impuesta por el tribunal que les juzgó.