El Gobierno de la rapiña

Por el respeto que sentíamos hacia Giovanni Conso titulamos la primera página de La Repubblica, hace unos días, 'Medio borrón y cuenta nueva', pero el respeto hacia la verdad nos obliga hoy a afirmar que, por lo menos respecto a la financiación de los partidos, el borrón y cuenta nueva ha sido total. No favorece al Gobierno protegerse tras las indicaciones del Senado; nuestras actuales asambleas parlamentarias no están seguramente deslegitimizadas para deliberar, a excepción de un tema que es precisamente el de las sanciones relativas a la corrupción política y a las violaciones sistemáticas y masivas de la ley de 1974 sobre la financiación pública de los partidos.Se podían y se debían cambiar las normas que regulan esa financiación, pero no se debían ni se podían despenalizar las violaciones, sobre todo sabiendo que ésas habrían sido ampliadas incluso para los delitos cometidos durante el periodo de vigencia de la antigua ley y habrían interferido de forma violenta en muchos de los procesos pendientes actualmente.

El presidente Amato y el ministro Conso, en su respuesta del viernes pasado a las preguntas de los periodistas sobre el decreto-ley recién aprobado por el Consejo de Ministros, dijeron tres mentiras. La primera cuando afirmaron que el decreto no menoscaba en lo más mínimo la investigación judicial Manos Limpias.

Mentira: el decreto sustrae de las manos de los jueces todos los delitos derivados de la violación de la ley de 1974; pero quizás Amato y Conso tenían razón; no es realmente una interferencia, sino una confiscación; el Gobierno ha confiscado una gran parte de los procesos pendientes sustrayéndolos a la magistratura; acto gravísimo, sobre cuya constitucionalidad tendrá ahora que reflexionar muy atentamente el jefe del Estado antes de firmarlo para su promulgación.

Segunda mentira: ellos afirmaron que la despenalización implica un alejamiento de la vida política de las personas que han violado o violen la ley. Falso: esas personas no podrán ocupar puestos administrativos y oficiales, pero podrán como antes presentarse como candidatos en las elecciones y ser votados. El alejamiento de la vida política por tanto no existe.

Pero la tercera mentira es la más grave de las tres y concierne a la afirmación hecha por Amató y por Conso sobre el rigor inflexible con el que las nuevas normas del decreto serán aplicadas y hechas respetar. Mentira, enorme y gravísima mentira. El decreto confisca no sólo al juez penal, sino a cualquier juez, a la categoría judicial en su totalidad, la materia de la financiación de los partidos.

Las posibles violaciones deberán ser comprobadas y sancionadas por una autoridad de vigilancia instituida para ese propósito, que no tendrá ningún instrumento, ninguna herramienta, ningún poder para llevar a cabo una investigación judicial y abrir un sumario.

Serán, más o menos, como lo que han sido hasta ahora los revisores de los presupuestos presentados por los partidos en el Parlamento: sombras, sin ninguna función excepto la de revisar con los ojos cerrados lo que se les transmitía.

En realidad, el delito de financiación ilícito no ha sido despenalizado, pero ha sido, en primer lugar, sustraído al juez competente y, después, cancelado tanto para el futuro como para el pasado. Y el presidente del consejo y el ministro de Justicia se han atrevido a afirmar que con este decreto no se bloqueaban las investigaciones judiciales abiertas, sino que se agilizaban.

Algunas veces pensamos que no hay nada peor que un rostro inocente para dejar pasar una medida vergonzosa. Claudio Martelli, con ese peso en el estómago que era la cuenta protección, probablemente no habría firmado un decreto tan claramente a favor de la vieja nomenklatura; han llamado a Giovanni Conso para realizar este atraco en plena regla, y Conso ha firmado. Es imposible no recordar la escena manzoniana sobre la monja de Monza, cuando Egidio trata de corromperla: 'La infeliz respondió".

Se dice, lo dice el honrado Martinazzoli: "Una cosa es robar para uno mismo, y otra es aceptar dinero ilícito para el partido".Claro que sí, se trata de dos actos diferentes, pero que no se escandalice el honrado Martinazzoli si decimos que el segundo delito es peor que el primero. Robar para uno mismo es un robo como todos los demás. Robar -y si el verbo no gusta, conseguir dinero ilícito para el partido- ensucia las instituciones, distorsiona su funcionamiento, contamina la política y la degrada, provoca el desafecto de la gente hacia la democracia.

Quizás para un honrado católico como Martinazzoli, el séptimo mandamiento sólo se aplica a los actos privados. Para nosotros, se aplica en primer lugar a los públicos. Ésta es la diferencia y seguramente no es poca. Pero lo grave es que Amato y Conso son dos laicos, por lo que la trahison des clercs es completa.

Naturalmente, hay que contar con el compromiso moral de los hombres de Gobierno que han aprobado el decreto, con su compromiso de pasar la página y de aprobar un código ético que deberá ser respetado de ahora en adelante por los políticos.

Pero, señores míos, ¿es que quieren tomarnos el pelo? Hace dos días hemos vuelto a publicar en La Repubblica los temas principales del informe que acompañaba a la ley de 1974 con la que se instituyó la financiación pública. Espero que lo hayan leído muchas personas, pero sobre todo espero que lo tengan bien presente Amato y Conso. E incluso nuestro presidente de la República.

Se explicó al pueblo que esa ley, y el informe que la acompañaba, era el último remedio contra la corrupción política, que ya desde entonces se iba extendiendo. Había salido a la luz con gran clamor en esos días el escándalo del petróleo, y el presidente de la Unione Petrolifera, Vincenzo Cazzaniga, había sido arrestado por haber obtenido favores llícitos del Estado tras haber pagado con gran generosidad a los partidos del Gobierno.

Ante la amplitud del escándalo, se aprobó la financiación pública y todas las fuerzas políticas juraron solemnemente que a partir de ese momento, puesto que vivirían a cargo de los contribuyentes, la honradez guiaría cada uno de sus pasos. Los culpables -esto fue lo que prometieron públicamente y lo que convirtieron en normas legales- serían castigados con la cárcel. Ahora se ha comprobado que los culpables eran legión, que han convertido esa ley en papel mojado, que los partidos han conseguido ilícitamente millares, digo millares, de miles de millones, y la respuesta, en un periodo tan dramático, es el hurto de las penas y la cancelación del delito. Sí, borrón y

cuenta nueva, amnistía. Aquí lo que ha pasado es que se ha cancelado un delito justo en el momento en el que se ha comprobado que se había convertido en una actuación extendida y practicada por toda la clase dirigente nacional.

Si yo fuera el ministro Conso dimitiría mañana por la mañana, tras haber pedido perdón a los italianos, a través de la televisión, por el error cometido.

Se dice incluso: "Devolverán lo robado, es más, tres veces la cantidad robada". Y ésta es la cuarta mentira.

Ustedes, que han redactado y firmado ese decreto, saben a cuanto asciende lo robado-¿no es verdad?

No hablo de los presuntos cálculos, que llegan a cifras de mareo, sino simplemente del importe revelado hasta ahora por las investigaciones, de las cifras del Anas reveladas por Zamorani, de las cifras del ENEL reveladas por Bitetto y por Faletti, de las cifras ecológicas reveladas por Pisante, de las reveladas por Prada, por Frigerio, por Ligresti, por Papi. Y aún estamos en el principio en lo que concierne a la cooperación internacional, el Enimot, el terremoto en Irpinia. Todavía no se ha movido la fiscalía de Nápoles, y la de Roma está dando los primeros pasos.

La financiación ilegal, por lo que ya se sabe gracias a las fiscalías, supera tranquilamente el billón de liras. ¿Quién tendría que devolver ese dinero? ¿Prada? ¿Zaffra? ¿Craxi? ¿Citaristi? ¿Larini? ¿Frigerio? ¿O la DC, el PSI, y los demás partidos, todos implicados hasta el cuello?

Las personas privadas seguramente se habrán quedado con algo: como es natural lo habrán depositado en el extranjero, en cuentas a nombre de terceras personas' por ejemplo, a nombre de las secretarias que ya, han tenido el honor de salir en las crónicas. Por lo que se refiere a los partidos, éstos no tienen ojos para llorar, están inundados de deudas, venden inmuebles, no pagan a los empleados, han derrochado todo y en sus cajas no hay ni una lira.

Y en estas condiciones, señor ministro Conso, ¿nos viene usted a contar con orgullo que los culpables devolverán lo robado multiplicado por tres? Y por qué no por cinco o por diez, pues multiplicar no cuesta nada.

En realidad, no devolverán ni la sombra de una lira. Si existiera la prisión por deudas, se podría introducir en el decreto una norma por la que por cada uno de los miles de millones no restituido se castigaría, por ejemplo, con un mes de cárcel. Pero nuestra cultura jurídica ha abolido, afortunadamente, la prisión por deudas, y de esta forma el que ha robado al país estará tranquilo y en paz, y quien quiera seguir haciéndolo podrá hacerlo sin miedo porque el delito ya no existe y es imposible comprobar lo ilícito por falta de jueces.

Una obra maestra.

Habría que ocuparse del diseño legislativo del pacto político. Éste obedece a una filosofía: nada de cárcel, quien confiese, que pague y se le prohíba ocupar cargos públicos. La finalidad es la de llegar con rapidez a sentencias definitivas.

Nosotros estamos de acuerdo con esa finalidad, ya lo hemos publicado. Pero pedimos que se nos consienta también hacer algunas preguntas, para entender mejor.

1. Que paguen. ¿Y si no tienen con qué pagar, qué pasa? El pacto se rompe.

2. Que confiesen. ¿Y si sólo confiesan una parte del delito? ¿Los jueces podrán seguir investigando sobre las mismas personas, o el pacto lo excluye y subsana de hecho incluso lo no confesado? ¿Tendremos muchas personas que confiesen haber sido corrompidas o de haber corrompido con un juego de té y obtendrán un salvoconducto que cubra los tráficos millonarios?

3. Que se les prohíba la actividad pública. Pero la prohibición es una pena accesoria implícita en la pena principal. Conso afirma que no será así, pero no puede asegurarnos que el Tribunal Supremo, mañana o pasado mañana, no dicte una sentencia diferente; o que el Tribunal Constitucional no declare equivocada la interpretación de la norma que endurece la pena accesoria mientras reduce y perdona la principal.

La gata que tiene prisa puede parir gatos ciegos. Tengo miedo de que pase precisamente esto.

Estamos esperando que el Gobierno se pronuncie sobre el encarcelamiento preventivo, pero la perspectiva es pésima.

Nosotros no creemos que haya nada que innovar de una legislación que prevé esa medida sólo en los casos de peligrosidad social del sujeto, de riesgo de contaminación de la prueba, o de la repetición del delito.

Recordábamos el otro día que, para vigilar que se respeten estas condiciones, basta el juez de instrucción, el presidente del Tribunal, el Tribunal de la Libertad y la Audiencia. ¿No es suficiente? ¿Qué otras garantías quieren?

Pero quisiera hacer una pregunta a Conso y a Amato: ¿si ninguno de los implicados en Tangentopolis, empezando por Mario Chiesa, hubiera sido arrestado, la investigación judicial que ustedes, por lo menos verbalmente, aplauden se habría llevado a cabo? Respondan, señor presidente y señor ministro; respondan con un sí o con un no y nos bastará.

Post scriptum. Se ha hablado bastante estos días de la supuesta petición que el juez Di Pietro ha hecho al Gobierno y al Parlamento para encontrar una salida política a las investigaciones judiciales. Se ha dicho: ¿de qué se quejan? Nosotros no hacemos nada más que satisfacer la petición de Di Pietro.

Aparte el hecho de que creemos que un fiscal, por mucho que valga, no tiene la suficiente autoridad para absolver preventivamente presuntos errores o culpas del Gobierno, hemos vuelto a leer lo que dijo ese magistrado cuando habló el 12 de febrero de 1993 en Bérgamo en el cuartel del batallón Legnano.

Habló de la necesidad de que la política se ocupara de los problemas planteados por las investigaciones judiciales e indicó tres campos posibles de intervención: la reforma electoral, la reforma de los contratos públicos y la elección técnica y no distributiva políticamente de los dirigentes de empresas públicas.

Esto es lo que dijo Di Pietro y no les pidió borrones y cuentas nuevas. Cuando citen algún texto, antes de hacerlo, léanselo.