El Gobierno de Italia despenaliza la financiación ilegal de los partidos con efectos retroactivos

El Gobierno italiano aprobó finalmente anoche el grueso del paquete de medidas propuesto por el ministro de Justicia, Giovanni Conso, como "solución política" de la desestabilización creada por el escándalo de la financiación ilegal de los partidos políticos. Tales conductas han quedado despenalizadas, con efectos retroactivos, y sujetas a meras sanciones pecuniarias y de inhabilitación para ejercer cargos públicos o privados. La reforma ofrece, además, la posibilidad de que los reos de corrupción o prevaricación eviten la cárcel si confiesan ante el juez.

"No se trata de ningún borrón y cuenta nueva, ya que las conductas despenalizadas siguen sujetas a duras sanciones de tipo administrativo", dijo Conso al presentar los tres proyectos de ley y cuatro decretos aprobados anoche. "¿Qué le interesa a la justicia?", añadió. "¿Los largos procesos penales, de 8, 9 o 10 años, que a veces ni siquiera concluyen, o una sanción administrativa, rápida y eficaz? Es claro que lo segundo. Despenalizar es lo moderno y es lo que hemos hecho".Lo cierto es que las despenalizaciones aprobadas ayer en Italia van mucho más allá que las de infracciones relacionadas con la financiación de partidos políticos. Se despenalizan también la firma de cheques sin fondos o bastantes ilegalidades derivadas del derecho marítimo, por seguir los ejemplos que puso Conso.

Pero la despenalización de la ley de financiación de partidos políticos -que en lo sucesivo sólo será costeada por personas físicas, no por empresas ni por el Estado, básicamente mediante la asignación de un porcentaje de los impuestos- tiene algo específico: junto a una sanción pecuniaria de tres veces el importe de lo ilegalmente percibido, se sufrirá la prohibición "de dirigir oficinas de representación pública", para los políticos, "o privada", para los empresarios. Esta inhabilitación durará de uno a tres años y será proporcional a la gravedad de la infracción cometida.

Esta despenalización y las sanciones que conlleva tiene efectos retroactivos y será tina de las medidas aprobadas ayer con efectos inmediatos, pues; se trata de un decreto. Ocurre, sin embargo, que, entre los centenares de políticos y empresarios ya implicados en las investigaciones judiciales en curso, muy pocos lo son sólo por infracción de la ley de financiación de los partidos. La gran mayoría son también investigados por presunta corrupción o prevaricación.

A los implicados en este otro tipo de conductas, que seguirán siendo delito, se les ofrece la posibilidad de pactar la pena con el juez previa confesión total de circunstancias responsabilidades. Esta salida, sin embargo, no será inmediata, pues deberá ser aprobada por el Parlamento.

Otro de los decretos sancionados ayer por el Consejo de Ministros establece que "los contratos públicos no se suspenderán y deberán ser concluidos a tiempo aunque se haya abierto un proceso penal sobre su adjudicación". La norma tiene como objeto evitar la parálisis de las obras públicas.

También se aprobó por decreto una reorganización orientada a aumentar la presencia local del Tribunal de Cuentas, que seguirá más de cerca las adjudicaciones.

Prisión preventiva

La gran asignatura pendiente que el Gobierno no logró aprobar ayer son las nuevas normas sobre la prisión preventiva, orientadas a limitar el amplio uso que los magistrados están haciendo de ella en las actuales investigaciones. Si se aprobaran la próxima semana, todos los implicados en el pago de comisiones ilegales que están todavía en prisión saldrían automáticamente.Cabe señalar que desde la noche del jueves se detectaba un nuevo consenso general sobre la necesidad de evitar los excesos contra los presuntos implicados en el cobro de comisiones ilegales. Este consenso era consecuencia del escándalo suscitado por las imágenes del portavoz del ex secretario de la Democracia Cristiana (DC), Arnaldo Forlani, mientras era conducido a su juicio por presunto falso testimonio esposado y encadenado.

Por lo que se refiere a las medidas aprobadas ayer, un solo ministro, el del Ambiente, Carlo Ripa di Meana, se declaró en desacuerdo al concluir la reunión del Gabinete. El presidente, Giuliano Amato, destacó que se ocupará de redactar normas de moralidad para políticos. Una de éstas, dijo, es que al parlamentario que omita la obligación de declarar su patrimonio se lo valorará la policía fiscal de oficio.