La ONU y el Sáhara

EL CONSEJO de Seguridad, despues de más de un año en que el tema del referéndum en el Sáhara ha quedado bloqueado, ha votado una resolución que debe acelerar los preparativos para la celebración de la consulta sobre el futuro destino del pueblo saharauiTal consulta deberá tener lugar antes de que termine el año 1993. Ninguna de las partes, ni Marruecos ni el Polisario, están satisfechas con su contenido, pero tampoco presentan una oposición irreductible. Concretamente Marruecos, miembro en la actualidad del Consejo de Seguridad, ha votado a favor.

La principal novedad de esta nueva resolución consiste en un llamamiento al secretario general, Butros Gali, para que intervenga de modo mucho más directo en disminuir las diferencias entre marroquíes y saharauis sobre la actualización del censo realizado por España en 1974 y que debe servir de base-como lo reitera la última resolución sometida al Consejo- para establecer la lista de votantes.

Mientras Marruecos insiste en una notable ampliación de ese censo, incluyendo a muchos millares de personas residentes en Marruecos pero que afirman ser originarios del Sáhara, el Polisario exige que aquellas personas que no figuren en el registro español sólo puedan participar si acreditan documentalmente dicho derecho de voto. No es un tema menor, ya que Marruecos teme que triunfe la opción independentista si se aplica un censo estricto; de ahí que quiera dar el derecho de voto a personas comprometidas a favor de Marruecos, aunque sea con una legitimación dudosa.

En las condiciones creadas por la nueva resolución, el papel del secretario general, Butros Gali, será esencial. Éste deberá evitar los errores de Pérez de Cuéllar al final de su mandato, cuando se inclinó por una de las partes (la marroquí), perdiendo capacidad de arbitraje y moderación. El plazo para superar los obstáculos es corto: poco más de tres meses para llegar a un acuerdo sobre las listas y, después, poner en marcha el complejo dispositivo que permita una consulta limpia antes de fin de año. Se entra ahora en una etapa delicada en la que España deberá seguir desempeñando (como ya ha hecho en la elaboración de la resolución) un papel importante de equilibrio para que no se impongan criterios que liquiden de hecho su censo de 1974. Como antigua potencia colonial de la zona, tiene que asegurar una consulta auténtica para que los saharauis decidan por sí mismos su futuro.