La reactivación

Si A la crítica situación económica se añade un muy amplio periodo preelectoral, con sus secuelas de incertidumbre política e inacción administrativa, el panorama es tremendo. Es el caso de España. El continuo deterioro de las expectativas; de los agentes económicos se ve estimulado por la. negativa evolución de los indicadores económicos, por la persistencia de los desequilibrios básicos y por la ausencia de datos favorables en el entorno internacional.El Gobierno, al menos hasta esta semana, no ha reducido esa incertidumbre, sino que ha contribuido a alimentarla. ¿Cómo? Mediante la pasividad, agravada por su falta de homogeneidad y con el partido que le apoya, en aspectos fundamentales de la política económica. Sólo cuando la confusión alcanza cotas extremas, el presidente del Gobierno tercia con mensajes que dejan traslucir su posición.

El diagnóstico de la situación de la economía y de las tensiones de la peseta en los mercados de divisas que presentó el gobernador del Banco de España en su última comparecencia ante el Congreso de los Diputados es correcto. La economía española está creciendo poco -si es que crece-, y crece mal; la desaceleración de la actividad revierte en la dramática destrucción de empleo, puesta de manifiesto por los últimos resultados de la encuesta. de población activa (EPA). Otros indicadores-nivelde los beneficios empresariales, utilización de la capacidad productiva de las empresas, consumo de cemento y de energía, carteras de pedidos, ventas en grandes superficies, matriculación de automóviles, suspensiones de pagos, morosidad del sistema bancario- no permiten alterar esas expectativas de acentuación de los perfiles recesivos en los próximos meses.

Esa desaceleración coexiste con una tasa de variación de los precios que sigue mermando la competitividad de las empresas españolas. La inflación subyacente, cercana al 7%, denuncia la presencia de rigideces estructurales en algunos mercados sólo eliminables con reformas específicas. Reformas para que el mercado de trabajo funcione de forma más flexible y eficiente movilidad geográfica y funcional de la mano de obra, reformar el proceso de búsqueda de empleo, mejorar y ampliar la formación profesional- y reformas -enunciadas en el capítulo cuarto del programa de convergencia- destinadas a eliminar los mecanismos de protección frente a la competencia existentes en algunos de los sectores que generan inflación.

Los trabajos del Tribunal de Defensa de la Competencia han de extenderse, más allá de los iniciados respecto a los colegios profesionales, a otros sectores suministradores de servicios. Actuaciones más rápidas para simplificar la Administración, racionalizar los Organismos y las empresas públicas y el modelo sanitario son igualmente necesarias para un correcto funcionamiento de la economía y el adecuado aprovechamiento de la futura fase de recuperación; contribuirían además a reducir esa incertidumbre existente, dando la impresión de que los miembros del Gobierno, además de ese empeño defensivo del tipo de cambio de la peseta, trabajan con la necesaria cohesión en el programa definido hace ahora un año.

Convergencia y reformas estructurales

Cuando el presidente del Gobierno demanda que alguien le explique si la competitividad de la empresa depende de algo más que de los salarios debe releer la exposición que justifica esas reformas estructurales en el programa de convergencia propuesto por su Gobierno o la última parte de la intervención del gobernador del Banco de España en el Congreso.

La superación de ese cuadro recesivo de la economía española está condicionada por un entorno intemacional adverso. La interinidad del proyecto de unión econóraica y monetaria y la actual precariedad del Sistema Monetario Europeo afectan de fórma especial a la peseta y, con ello, a la capacidad de maniobra de la política monetaria. El mantenimiento de la peseta en el mecanismo de cambios es tanto más razonable cuanto más negativo es el escenario alternativo. La necesidad de preservar esa disciplina es una exigencia para la estabilidad de los flujos de capital y la credibilidad de la política económica. Su abandono, a juzgar por la experiencia de las monedas que lo han hecho y por las inercias de la economía española, no sólo no garantizaría una recuperación de la inversión y del crecimiento, sino que frenaría la necesaria inserción de nuestro país en la dinámica de integración comunitaria. Tienen, por tanto, razones muy poderosas el presidente del Gobierno y el ministro de Economía para respaldar la decisión del gobernador del Banco de España de mantener la peseta en esa disciplina sin precipitarse a espectaculares relajaciones monetarias de cuestionables efectos estimulantes en ausencia de contención de otros tipos de costes. Es cierto que, con la actual inestabilidad en los mercados de divisas, esa decisión no garantizaría por sí sola el éxito del propósito, de igual forma que los riesgos asociados al abandono del SME son suficientemente importantes como para rechazarlo.

Quienes defienden ese abandono alegando una necesaria reducción de los tipos de interés, lo hacen sin ofrecer simultáneamente el escenario en que esa libre flotación tendría lugar: ¿hasta dónde reducirían los tipos de interés? ¿Hasta dónde dejarían caer el tipo de cambio? ¿Cómo neutralizarían, los efectos inflacionistas asociados a la depreciación? ¿Cómo sustituirían los flujos de capital extranjeros? ¿Qué les ofrecerían a las empresas hoy endeudadas en divisas? ¿Cuándo y en qué condiciones plantearían el retorno al SME? ¿Abandonarían también los compromisos asumidos en el contexto del mercado único? Sin dar respuestas sólidas a estas preguntas, arrimarse a la consigna populista de una reactivación de pizarrín será muy popular, pero también suicida.

Tan importante como exigir al Gobierno que no deje de trabajar en los compromisos adquiridos es reclamar de los partidos de la oposición y de las organizaciones sindicales y patronales la madurez y responsabilidad mínimas para que, tras sus críticas, se amparen formulaciones viables que no contribuyan por sí mismas a alimentar la amplia confusión existente.

Las medidas anunciadas en el último Consejo de Ministros deberían contribuir a suavizar la desaceleración de la actividad. Deberían, pero es dificil que así sea en el corto plazo. Los focos de incertidumbre están tan extendidos que pueden ensombrecer cualquier gesto destinado a incentIvar la inversión y, con ella, el empleo. Algunas de las medidas aprobadas son de resultados inciertos en esta coyuntura: es el caso del acceso al mercado de valores de las pequeñas y medianas empresas o del reforzamiento de las sociedades de garantía recíproca. Pero la anticipación de inversiones públicas por 300.000 millones de pesetas en infraestructuras de transportes y medio ambiente, sin gravar el déficit público, podría contribuir a paliar el debilitamiento en algunos sectores. Eso, junto a las modificaciones en los sistemas de contratación y los incentivos fiscales a las pequeñas y medianas empresas, debería ayudar, si no a yugular el deterioro del empleo, sí al menos a que éste fuera menos galopante.

La recuperación efectiva del ritmo de crecimiento de la economía depende sólo parcialmente de la voluntad del Gobierno: la negativa coyuntura internacional, los planteamientos tremendistas de algunos agentes económicos y la falta de'sustancia tangible de las alternativas pespunteadas por el principal partido de la oposición coadyuvan al malestar de las expectativas. El paquete económico de esta semana tiene indudables elementos positivos. Pero el más positivo de todos consistiría en que constituyera un indicio claro de que el Gobierno tiene la voluntad de recuperar la iniciativa en política económica y de superar la parsimonia con que despliega su plan de convergencia. Para constatarlo hacen falta más signos, más decididos y con mayor celeridad. Si es que se pretende aprovechar para algo los últimos meses de legislatura.