General Electric afirma en la última sesión del juicio del acelerador que el garante de la sanidad pública es el Estado

"El Estado tiene el deber de garantizar la salud pública y la General Electric es una empresa con fines mercantiles". Así de claro fue ayer el abogado Ramón Hermosilla, que defiende la responsabilidad civil de la multinacional en el juicio por el fallo del acelerador de Zaragoza. Para la General Electric, no hay un único responsable de la tragedia. "Que cada palo aguante su vela", ilustró. Por contra, para el Estado y el Insalud el único palo es el de la General Electric.

Ayer quedó visto para sentencia uno de los juicios más complejos y largos -un mes de sesiones- de la historia de Aragón.

General Electric fue una de las partes declaradas responsables civiles subsidiarias en el proceso, junto con el Insalud, como fabricante del acelerador de electrones instalado en el Clínico de Zaragoza y como encargada de su mantenimiento después de firmar un contrato con el Insalud en 1988. El aparato sobreirradió a 27 pacientes durante 10 días. Según Hermosilla "a Conte [técnico que manipuló el acelerador] se le puede decir que ha actuado negligentemente, pero no se le puede colgar en una pared e imputarle exclusivamente lo sucedido". El letrado puntualizó: "No quiero acusar a los médicos ni a nadie. Pero la Constitución le dice al Estado: cuide usted de la sanidad pública", precisó. Los abogados del Estado, Jesús Solchaga, y del Insalud, Carlos Carnicer, rechazaron la posición de la multinacional.

"El hospital Clínico depende del Insalud, que es una entidad gestora autónoma; por tanto, los médicos y demás sanitarios dependen del Insalud, no del Estado", alegó Solchaga. Sin embargo, el citado instituto tampoco tiene que acarrear con las consecuencias civiles del accidente, de acuerdo con la versión de su abogado. En alusión al contrato de mantenimiento entre la empresa y el Insalud, Carnicer subrayó: "No me parece serio que un contrato de 15 millones de pesetas anuales derive en responsabilidades de la sanidad pública".

El abogado de la General Electric pidió la absolución de la empresa o, en caso de condena, la cuota de responsabilidad que corresponda a la multinacional.