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Editorial:

Crímenes de guerra

EL CONSEJO de Seguridad de la ONU ha decidido dar un giro más radical a las medidas que está aplicando en el territorio de la antigua Yugoslavia. Por un lado, el 19 de febrero votó una resolución en la que, al prorrogar el mandato de los cascos azules, se incluye éste en el capítulo VII de la Carta de la ONU, referente al uso de medidas de fuerza para hacer frente a las violaciones de la paz. A partir de ahora, los cascos azules serán dotados de los medios militares precisos para poder repeler eventuales ataques u obstáculos en el cumplimiento de sus misiones.Por otra parte, aprobó también ayer una resolución por la que se crea un tribunal encargado de perseguir a los culpables de los crímenes de guerra cometidos a partir de 1991. Es un paso, aunque no se sabe cómo funcionará dicho tribunal, que responde a la demanda de una opinión mundial escandalizada ante la depuración étnica y su secuela de violaciones, exterminios y deportaciones en masa.

La urgencia de dotar a los cascos azules de un mandato más enérgico es obvia. En la actualidad, los serbios prosiguen de manera brutal su política de expulsión de las poblaciones musulmanas del valle de la Drina. Se trata de una zona cercana a Serbia, pero habitada por musulmanes, que el plan de Vance-Owen incluye lógicamente en una región predominantemente musulmana. Las milicias serbias están destruyendo ciudades y cometiendo toda clase de barbaridades para que no queden musulmanes en esa zona. Así piensan imponer que cambie el trazado del plan de Vance-Owen y recuperar una región que consideran decisiva para sus planes de la Gran Serbia. Una pieza de esta táctica criminal consiste en impedir que los convoyes de la ONU puedan llegar a Bosnia oriental. Durante mucho tiempo lo han logrado ante la pasividad forzada de los cascos azules. Cabe esperar que ahora éstos puedan hablar con más fuerza ante las bandas que intentan impedir el que lleguen los alimentos a las hambrientas aldeas.

En cuanto a la creación de un tribunal para los crímenes de guerra en la antigua Yugoslavia, responde a una exigencia tanto política como moral. Es una forma concreta para la comunidad internacional de asumir la responsabilidad de buscar y de llevar ante un tribunal a los culpables de unos horrores que han conmovido a la conciencia mundial.

Sin embargo, toda comparación con lo que fue el tribunal de Núremberg y el juicio de los jefes nazis es inadecuada. Éstos estaban prisioneros y comparecieron ante el tribunal de los vencedores. En la situación presente aún no se sabe cómo se constituirá el tribunal, y no pocos de los que deberían comparecer ante él dominan territorios y con ellos se negocia la paz. La resolución dice que deberán ser juzgados los que hayan cometido y los que hayan ordenado cometer crímenes de guerra. Sin embargo, hay un peligro real de que sólo paguen los ejecutantes de baja graduación, no los principales culpables de alta posición política. En todo caso, la creación del tribunal debería servir, incluso antes de que funcione, como un freno indirecto al salvajismo.

Si ambas resoluciones recientes de la ONU son sin duda positivas, cabe lamentar que hayan sido adoptadas tan tarde. La acción internacional ha pecado de debilidad e indecisión. Si ahora no se logra poner en marcha con cierta urgencia el plan de paz crecerán los peligros de una extensión del conflicto. Por un lado, la presión nacionalista en Rusia, fuerte en el Parlamento, puede dificultar la política de Yeltsin y de Kózirev de cooperación con la ONU. Una ausencia rusa complicaría enormemente los esfuerzos por lograr una solución. Por otra parte, la presencia turca se hace sentir con el reciente viaje del presidente Ozal y los acuerdos que ha suscrito con Albania. Viaje que puede ayudar a enfriar la agresividad serbia hacia Kosovo y Macedonia. Pero estamos en un escenario de intensificación de los preparativos ante una posible extensión de la guerra en los Balcanes.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 23 de febrero de 1993