Agricultura impulsará, con una nueva ley, la modernización de explotaciones

Los plazos en los arrendamientos rústicos pasarán de 21 a solamente tres años, según se contempla en el anteproyecto de ley para la modernización de las estructuras agrarias elaborado por el Ministerio de Agricultura, y estudiado ya por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Esta nueva disposición modificará sensiblemente varias leyes vigentes y contempla otras medidas, como beneficios fiscales o fomento al agricultor profesional, todas ellas encaminadas a lograr un campo más moderno y competitivo.

La elaboración de esta nueva ley se ha producido como respuesta a la actual situación del sector agrario, dominada por al división y el minifundismo.Mientras que entre 1962 y 1982 la población activa agraria se redujo un 56%, el número de explotaciones solamente bajó un 21%. En los últimos 10 años, los activos disminuyeron un 13%, pero no se redujo en absoluto el número de explotaciones. Los agricultores a tiempo completo solamente cultivan el 46% de la superficie agraria útil y, entre 1972 y 1989, la superficie agrícola en arrendamiento descendió un 13%.

Con esta nueva norma, entre otros aspectos, se pretende definir quién es el agricultor profesional, y cuáles las explotaciones prioritarias que se pretende apoyar desde la Administración. La ley contempla así beneficios fiscales para la transmisión de explotaciones, fomenta la regularización registral de las fincas y las permutas voluntarias.

Movilidad a la tierra

La Administración pretende una mayor movilidad de la tierra, para lo cual se considera indispensable un cambio radical en la Ley de Arrendamientos Rústicos con la modificación de los plazos, que en este momento pueden llegar a 21 años.La nueva disposición -que aún debe analizar el Consejo de Ministros- plantea que los arrendamientos sean solamente por tres años sin prórrogas forzosas, aunque apunta la posibilidad de beneficios fiscales para quienes hagan arrendamientos voluntarios por más años. Actualmente, aunque el plazo inicial es de seis años, se pueden tener prórrogas forzosas por otros quince años.

La nueva norma pretende, principalmente, lograr la constitución de explotaciones agrarias viables, impedir el fraccionamiento de las fincas, fomentar el asociacionismo, conseguir una mayor movilidad del mercado de la tierra y facilitar el crédito a los titulares de explotaciones.

Por otra parte, las indemnizaciones pagadas a los agricultores durante el último año por la aplicación de Plan de Seguros Agrarios duplicaron el valor de las primas percibidas, según las estimaciones provisionales de la Agrupación de Entidades Aseguradoras (Agroseguro).

Frente a unos ingresos por primas en torno a los 20.000 millones de pesetas, los pagos por indemnizaciones se van situar en unos 42.000 millones de pesetas, lo que supone el coste más elevado desde que se inició el seguro agrario, hace una década.

La sequía

El grave desajuste del último ejercicio se debe, fundamentalmente, a los problemas ocasionados por la sequía y la aplicación del seguro integral de cereales de invierno. El importe de las primas pagadas por los agricultores en esta línea se situó en unos 7.000 millones de pesetas, mientras los siniestros, especialmente en ambas mesetas y el valle del Ebro, alcanzaron los 30.000 millones de pesetas.Junto a los cereales, las principales líneas o coberturas peligrosas para las entidades aseguradoras corresponden a los frutales, donde las indemnizaciones ascendieron a más de 5.000 millones de pesetas, y a la uva de vino, con 1.600 millones.

El grave desajuste entre primas pagadas por las pólizas y el pago de las indemnizaciones, de acuerdo con los compromisos suscritos entre la Administración y las entidades aseguradoras, supuso que el consorcio de Economía tuviera que aportar una partida de 20.000 millones de pesetas en el último año. La grave siniestralidad en el seguro integral de cereales ha hecho que, para esta campaña, la Administración y las entidades aseguradoras endurecieran de común acuerdo las condiciones para suscribir una póliza, con el fin de evitar que se acojan al seguro las explotaciones con máximos riesgos.