Paz en la guerra (y viceversa)

EL PARTIDO del Gobierno y el primero de la oposición han establecido una tregua para recomponer el acuerdo sobre el proceso autonómico, muy deteriora do con, posterioridad a la firma por ambas formaciones, hace un año, del pacto para la ampliación de competencias de las autonomías llamadas de vía lenta. Lo que de tranquilizador tiene esa noticia,, en cuanto, indicadora de una actitud responsable por parte de los políticos, se vio ayer oscurecido por la difusión de un discurso del líder del PNV, Xabier Arzalluz, que pone de relieve la actitud opuesta. El pacto autonómico firmado en febrero de 1992 estableció un mecanismo para, según la previsión constitucional, acercar el nivel competencial de las comunidades de régimen común al de las llamadas históricas mediante la asunción de 32 competencias en principio reservadas al Estado. El acuerdo optaba por la vía de la delegación contemplada en el artículo 150 -y defendida por los socialistas-, pero admitiendo -como pedían los populares- que, una vez delegadas, esas competencias quedaran recogidas en los estatutos respectivos mediante la correspondiente reforma. Se buscaba así, de un lado, evitar un proceso desordenado de reformas unilaterales de cada estatuto, y los correspondientes riesgos de una carrera de emulación. Pero también, de otro, garantizar la ampliación competencial mediante su plasmación en la norma básica de cada comunidad.Apenas firmado, sectores del PP adoptaron posiciones políticas que suponían cuestionar frontalmente el acuerdo. De una parte, dirigentes de ese partido en Aragón se sumaron a iniciativas de los regionalistas del Par a favor de una reforma de su estatuto que incluyese, entre otras novedades, un sistema de financiación similar al de los conciertos vascos. Por otra, Fraga consiguió comprometer a la dirección popular en la defensa de su propuesta de administración única, contradictoria con el criterio constitucional del equilibrio entre las tres administraciones. La ambigüedad persistió incluso después de la aprobación, en diciembre pasado, de la ley orgánica que recogía los acuerdos del pacto. Ahora, PSOE y PP han acordado fijar una fecha límite para la reforma de los estatutos y renunciar a cualquier otra iniciativa de reforma.

Es para felicitarse que se haya impuesto el buen sentido porque ambos partidos constituyen los ejes de cualquier fórmula de gobierno previsible en los próximos años. De esta manera, la continuidad del proceso autonómico, sin aventurerismos, pero también sin marchas atrás, queda garantizada frente a eventuales cambios de mayoría. El sistema autonómico se apoya en un equilibrio entre las diferentes administraciones tendente a evitar que cualquiera de ellas pueda imponerse unilateralmente a las demás en perjuicio de los derechos individuales garantizados por la Constitución. El pacto es, así, una garantía contra abusos como el que se derivaría de la aplicación de la doctrina expuesta por Arzalluz en Tolosa, en una de sus peores tardes. El propio orador debió de sentir el vértigo de sus palabras cuando advirtió que lo que proponía no era la "limpieza étnica". Sin embargo, relacionar los "estudios de sangre realizados" con la existencia de una nación vasca, y todo ello con la aspiración de formar un Estado independiente, se parece bastante a las lucubraciones que están detrás del actual desastre yugoslavo. Su advertencia sobre los ciudadanos étnicamente no vascos de Euskadi -acusados de querer "apropiarse del país con sus votos" constituye una amenaza incompatible con los principios democráticos. Suele decirse que toda propuesta política que se defienda por métodos pacíficos es legítima. La implícita en el discurso dé Arzalluz no lo es.