Major pone a la venta la compañía nacional de ferrocarriles
El Gobierno británico ha decidido poner en marcha una de las más complicadas privatizaciones: British Rail, la compañía nacional de ferrocarriles, está ya en venta. El proyecto de ley publicado ayer separa la vía férrea, que seguirá perteneciendo al Estado, de las líneas de ferrocarril, que pasarán a propiedad privada. En las líneas más rentables se permitirá la competencia entre dos o más compañías; en las deficitarias, se mantendrán el régimen de monopolio y los subsidios públicos.
El texto del proyecto de ley presentado por el Gobierno de John Major es extenso y complejo, con 132 artículos. Tardará casi un año en ser aprobado por el Parlamento y más de 10 en ponerse totalmente en práctica. Para la oposición laborista, la privatización de British Rail (BR) se convertirá en "el embrollo legal del siglo".
El nuevo sistema de ferrocarriles estará regulado por una Agencia de Vigilancia, que controlará las tarifas impuestas por las compañías privadas, y una Dirección de Franquicias, que se ocupará de los niveles de calidad en el servicio (aunque no queda clara su capacidad para imponer un nivel mínimo a los nuevos operadores). Los horarios generales para las conexiones de una línea a otra serán fijados por el Ministerio de Transportes.
El titular de este departamento, John MacGregor, dijo que la ley constituye "la mayor reforma desde que los ferrocarriles fueron nacionalizados". Algunos detalles, sin embargo, están aún confusos. El propio MacGregor admitió que no puede saberse con certeza si la privatización supondrá ahorro de dinero público.
Más subvenciones
Las subvenciones se mantendrían a un nivel similar al actual o podrían incluso subir, según fueran las condiciones de cada participante en la gran subasta. "Las compañías especificarán en sus ofertas la calidad del servicio que piensan ofrecer y los subsidios que desean; si quieren obtener la concesión, deberán ajustar al máximo sus demandas de subvención", declaró el ministro. Pero en las líneas donde se presente una sola oferta, valdrán sus condiciones. Ello comportará situaciones como las existentes en las franquicias de televisión privada: en algunas regiones cuestan una fortuna; en otras, sin competencia, son casi gratuitas.La ley impide a los concesionarios el cierre de tramos deficitarios, salvo autorización expresa del Gobierno, y toma una serie de cautelas para impedir despidos masivos. El Gobierno británico supone que, de todos modos, "la plantilla global de los ferrocarriles puede verse reducida".
