Una concentración-protesta de 130 autocares causa grandes atascos en el centro

La regulación de los autocares discrecionales -de escolares y trabajadores- ha levantado un nuevo conflicto en el transporte público madrileño. La Comunidad quiere limitar y controlar a las empresas que trabajan este sector. Los afectados, como protesta, concentraron ayer 130 autocares por el centro y provocaron numerosos atascos.

La protesta comenzó antes de lo previsto, sobre las 10.30, en las inmediaciones del número 60 de la calle de Orense, donde está situada la sede de la Consejería de Transportes de la Comunidad. La Policía Municipal, desplegada para facilitar el tráfico en varios cruces, controló hasta 130 matrículas distintas de autocares que circulaban lentamente por la zona y que provocaron los primeros atascos de la jornada.Los autocares, a partir de las 11. 15, se encaminaron también lentamente por el paseo de la Castellana hacia la Puerta del Sol, sede del Gobierno regional. El colapso de la calle de Arenal no se solucionó, prácticamente, hasta la una de la tarde.

Los concentrados, unos cuatrocientos según el portavoz de los empresarios afectados y menos de cien para los responsables de la consejería, no creen en la finalidad de la resolución reguladora aprobada por la Comunidad e intuyen que lo que realmente se pretende es declararlos clandestinos e ilegales".

Jesús Gonzalo, que se autodefinió ayer como portavoz de los empresarios del sector (donde están empresas como Asintra, Astran, Aetran, Anetra, Agapimet-Madrid y numerosos independientes), explicó que la instrucción aprobada por la Comunidad afecta a 5.000 autobuses de 700 empresas. Lorenzo Hernández Jiménez, director regional de Transportes y responsable de la resolución, precisó estas cifras con datos oficiales: 2.800 autocares y 750 empresas.10 autocares, 200 rutas

Hernández manifestó que la norma persigue limitar la subcontratación en el sector, actualmente altísima. Inspectores de la consejería han comprobado que varios empresarios del sector discrecional que demuestran tener en propiedad solamente una decena de autocares cubren en realidad hasta 100 y 200 rutas, alquilando a bajo precio las que les sobran -la mayoría- a pequeños transportistas con vehículos de peor calidad y en muchas ocasiones ilegales o piratas (sin licencia).

La Dirección Regional de Transportes persigue primero acreditar los medios de que dispone cada empresario que concurra a una ruta y luego poner coto al actual descontrol de utilización de medios ajenos (como máximo, el doble de los servicios contratados).

Gonzalo ha pedido una nueva reunión -que se ha convocado para esta tarde- con Hernández, al que acusa de mantener una postura recalcitrante, para manifestarle su última propuesta: "Queremos que permitan continuar trabajando libremente a todos los autocares que tengan la tarjeta de transporte discrecional según la ley de ámbito nacional". Este portavoz argumentó que no es fácil regular la demanda de servicios del sector, "porque no se sabe cuándo los va a solicitar el usuario y porque una empresa sola no puede estar preparada para darlos y hay que solucionarlo en unión".