Delito y consenso

EL PRÓXIMO ingreso en prisión del ginecólogo Germán Sáenz de Santamaría y de su ayudante, una vez confirmada por el Tribunal Supremo la condena a siete años de cárcel dictada por la Audiencia Provincial de Málaga por un delito de aborto, plantea una vez más los límites de la solución legislativa dada en 1985 a ese problema que afecta a unas 100.000 espafiolas cada año. El proyecto de Código Penal, pendiente de debate en el Parlamento, amplía la vigente despenalización por grave peligro para la salud psíquica, de la embarazada a aquellos casos en que existe "un estado de angustia o ansiedad en la gestante y un pronóstico de riesgo para su salud".Es cierto que la flexibilización del supuesto y la supresión de requisitos -como la exigencia de que el médico que dictamine sobre la situación de la mujer sea distinto al que practica el aborto, determinante en la condena de Málaga- significa un avance sobre el vigente Código Penal. Pero la decisión de abortar seguirá dependiendo del certificado que expida un médico (no bastará un psicólogo) y de la interpretación judicial que, en casos conflictivos, lo avale. En todo caso, la mujer que se vea en la desagradable situación de abortar tendrá que demostrar que está angustiada o enferma de ansiedad, y si alguien la acusa de delito pro bablemente padecerá el suplicio de un proceso, aderezado de interrogatorios, vistas públicas y, siempre, del temor a terminar en la cárcel. Del mismo modo, los médicos que acepten aliviar a las mujeres en ese delicado trance, si quieren librarse de condenas, tendrán que atender con mucho más rigor a los requisitos legales que a los requerimientos de la interesada y actuar con el máximo equilibrio cuando pretendan adaptar unos a otra, aunque razones de equidad les inclinen a prestar su ayuda.

La interpretación generosa de la ley, realizada por algunos jueces, y la colaboración de muchos fiscales, al no acusar -compensada a veces por los acusadores espontáneos-, ha reducido la litigiosidad en materia de aborto, pero no ha solucionado el problema. El Gobierno ha elaborado su moderada ampliación de la despenalización del aborto pensando más que en el mejor y más eficaz reme

dio para los problemas a resolver, en el acuerdo con las fuerzas políticas situadas a su derecha y en una cierta neutralidad de la Iglesia. El consenso es conveniente, pero tal vez la cues tión está mal planteada. Por una parte, la beligerancia de los obispos no es contra tal o cual procedimiento de encaje en el Código Penal, sino contra toda despenalización. Por otra, los conservadores rechazan cualquier ampliación de los supuestos actuales con el mismo énfasis que lo harían a una ley de plazos. Pero, sobre todo, la existencia de diferentes planteamientos filosóficos y políticos respecto al aborto no contradi ce la existencia de un amplísimo consenso social con tra el tratamiento penal de ese problema, y en particular contra la consideración como delincuentes de las mujeres que decidan, por las causas que sea, inte Irrumpir su embarazo.

Ese consenso no sólo es constatable mediante las encuestas sociológicas, sino también por la evidencia de que la existencia conocida de 100.000 abortos anuales, tres cuartas partes de los cuales no encajarían en los supuestos de la ley, no han suscitado, ni siquiera entre los partidos y fuerzas sociales opuestos a toda forma de interrupción del embarazo, iniciati vas tendentes a condenar a las mujeres que lo hayan hecho o a reforzar la vigilancia en las clínicas en que se realizan, etcétera. Lo que indica, de un lado, que la opinión pública está mayoritariamente en posiciones más tolerantes que la ley, y de otro, que hay un com ponente de hipocresía y oportunismo en los partidos opuestos a la adecuación de la ley a la realidad.

Es cierto que puede haber un problema en la doctrina establecida en su día por el Tribunal Constitucional respecto al concepto de vida en formación; pero, aparte de que existen fórmulas que permitirían superar esa dificultad, si el problema es jurídico, que se plantee como tal y no amparándose en la falta de consenso: la inmensa mayoría de los ciudadanos son contrarios a la investigación, juicio y encarcelamiento de las mujeres que decidan abortar. Y eso sólo está garantizado por la despenalización del aborto sin otra limitación que los plazos en que pueda realizarse.