El PP critica el secreto de los estudios medioambientales de Obras Públicas

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes prestará asistencia técnica a la Comunidad de Madrid, merced a un convenio para elaborar estudios medioambientales. Pero ambas administraciones califican de "reservada" toda la información obtenida. El Partido Popular ha mostrado su extrañeza por la existencia de una cláusula de "confidencialidad" en un acuerdo para conocer la calidad del agua o el impacto del trazado de ferrocarriles y autopistas sobre el medio natural.

El pasado 3 de septiembre, el consejero de Cooperación, Virgillo Cano -como responsable del área de Medio Ambiente-, y el director general del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex), Felipe Martínez, suscribieron un acuerdo marco para facilitar a la Agencia de Medio Ambiente (AMA) de la Comunidad asistencia técnica en "temas medio ambientales relacionados con la ingeniería civil y la recuperación del medio natural" en el territorio de la Comunidad de Madrid.Curiosamente, la cláusula novena del acuerdo -redactada bajo el epígrafe Confidencialidad- señala que la Comunidad y Obras Públicas asignan, "con carácter general, la calificación de información reservada a la obtenida en la aplicación de este convenio". Ambas partes hacen constar por escrito que "asumen de buena fe el tratamiento y restricción en su utilización [de la información]". Como excepción a la regla, se indica en la misma cláusula que cabe "la divulgación autorizada".

Cláusula "inusual"

El diputado regional del Partido Popular Antonio Beteta va a solicitar la comparecencia del consejero Virgilio Cano ante la Asamblea de Madrid para que justifique la "inusual inclusión de una cláusula de confidencialidad" en un convenio sobre medio ambiente.El acuerdo marco con el departamento del ministro José Borrell señala que el Cedex elaborará estudios de impacto ambiental sobre proyectos que deban ser informados por la AMA; medidas contra la contaminación acústica y medición de ruidos; análisis de la calidad del agua en la red gestionada por la Comunidad; restauración de riberas de los ríos, graveras y canteras, e incluso cartografía de las variables medioambientales, obtenida a partir de imágenes tomadas por satélites.

Las gestiones efectuadas por este periódico durante la pasada semana para que la Consejería de Cooperación y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes explicasen las razones de la confidencialidad, reflejada en el convenio resultaron infructuosas, a pesar de los repetidos intentos realizados.Desde el pasado 1 de enero está en en vigor la directiva de la CE de junio de 1990 sobre "libertad de acceso a la información en materia de medio ambiente". En su virtud, las autoridades administrativas nacionales, regionales y locales quedan obligadas a facilitar información a los ciudadanos que lo pidan sobre el estado de las aguas o los programas de medio ambiente, entre otras cuestiones. Sin embargo, los grupos ecologistas denuncian que el Gobierno español aún no ha desarrollado esta norma en la legislación nacional.

No es la primera vez que el Gobierno de Joaquín Leguina recurre a la técnica del secreto oficial para evitar la divulgación de los estudios e informes que ha encargado a organismos o empresas. El año pasado se negó a facilitar al PP una encuesta sobre el clima sociolaboral entre los funcionarios de la Administración autónoma, a la que también calificó como "documento reservado".