Un 'comando' integrista degüella a cinco gendarmes en Argelia
Cinco gendarmes argelinos fueron degollados por la guerrilla integrista en el transcurso de un ataque perpetrado el primer día de 1993 contra el acuartelamiento de Ksar el Hirane, en la provincia de Laghuat, situada a unos 400 kilómetros al sur de Argel. La noticia, que no ha sido confirmada oficialmente, fue difundida ayer por el periódico local independiente El Watan, cuya publicación fue suspendida por el Gobierno.
El asalto de la guerrilla integrista, achacado al Movimiento Islámico Armado, el brazo militar del Frente Islámico de Salvación, tenía, al parecer, como principal objetivo apoderarse del armamento de la guarnición. Según informaciones oficiosas, los activistas, tras asesinar y mutilar a los cinco gendarmes, emprendieron la huida llevándose cuatro subfusiles ametralladores y un fusil de asalto. En el año pasado más de 200 miembros de las fuerzas de seguridad argelinas han caído en emboscadas que el Gobierno atribuye al Movimiento Islámico Armado.
El ataque de la guerrilla integrista se produjo al día siguiente de que el presidente del Alto Comité de Estado, Alí Kafi, y el jefe del Gobierno, Belaid Abdesalam, se reunieran con el ministro de Defensa, Jaled Nezzar, y con los principales mandos del Ejército y de la gendarmería en una recepción celebrada en el ministerio de Argel. En el marco de esta reunión extraordinaria, Kafi pronunció un discurso en el que ensalzó la labor del Ejército y reiteró la decisión de los cinco miembros del Alto Comité de Estado de no presentarse a las futuras elecciones, con las que se proyecta reanudar el proceso de democratización de Argelia.
Los abogados se retiran
Por otra parte, los 13 abogados defensores de los 71 militares y ocho civiles que desde hace cinco días son juzgados en Bechar, 700 kilómetros al sureste de Argel, junto a la frontera marroquí, por supuesta participación en un compló contra el Estado, decidieron retirarse de la sala para protestar por las circunstancias en que se desarrolla la vista.En una nota dirigida a la prensa, los letrados justifican su retirada asegurando que "han constatado violaciones flagrantes de forma sustancial del procedimiento", así como "la ausencia de un mínimo del derecho de la defensa". Al parecer, la decisión la tomaron los defensores después de que se produjera una polémica entre uno de los abogados y el presidente del tribunal sobre unos supuestos malos tratos infligidos a uno de los procesados, según anuncia la prensa local.
El proceso, que se celebra a puerta cerrada, continuó ayer, después de que el tribunal asegurara el derecho de la defensa de los acusados, al nombrar cinco militares como defensores de los imputados, tal y como faculta el Código de Justicia Militar. Hasta ayer, sólo 12 de los 79 acusados habían prestado testimonio en la sala, por lo que se presume que el juicio puede aún durar varios días.
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