Los empresarios de Tenerife se lo niegan a ingresar el IVA canario

La CEOE y la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, recomendaron ayer a los empresarios que no ingresen el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que entra en vigor el 1 de enero. La patronal accede a aplicar el nuevo tributo, que agrupa al Impuesto sobre el Tráfico de Empresas (ITE), y al Arbitrio Insular sobre el Lujo, pero se niega a ingresarlo en la Hacienda.

La comunidad autónoma, que asume la gestión del ¡mpuesto, piensa recaudar con el mismo unos 30.000 millones de pesetas anuales.El último Consejo de Ministros, celebrado el martes, desoyó una resolución aprobada por el Parlamento canario el pasado día 22, en la que se solicitaba al Gobierno central el aplazamiento del IGIC, hasta que sean aprobadas las bases económicas del nuevo Régimen Económico Fiscal (REF), específico del archipiélago, que en la actualidad negocian, el Gobierno autónomo y el Ministerio de Economía y Hacienda.

Las organizaciones empresariales habían ejercido una fuerte presión contra el polémico tributo, al considerar precipitada técnicamente su aplicación en enero y no haberse dado la suficiente publicidad sobre el mismo. El Consejo de Ministros aprobó la normativa reguladora del IGIC, este mismo mes, con un considerable retraso respecto a la fecha prevista. En estas circunstancias, el Parlamento autonómico reclamó una campaña de información previa a la entrada en vigor del impuesto.

El IGIC, que aumentará el índice de precios al consumo (IPC) en cerca de dos puntos, según los empresarios, forma parte (le la nueva estructura fiscal canaria tras la plena integración de las islas en la CE. Fue aprobado dentro de las nuevas bases fiscales del citado REF, junto al otro gran tributo insular, el Arbitrio sobre la Producción e Importación (APIM), que sustituye al tradicional Arbitrio sobre Entrada de Mercancías y ya se aplica con normalidad. La comunidad autónoma cifra la recaudación global de ambos impuestos en unos 53.000 millones de pesetas anuales, que constituyen la principal fuente de financiación de las corporaciones locales.

El Gobierno canario ha de devolver a la Hacienda estatal la parte del IGIC correspondiente al ITE (unos 15.000 millones de pesetas). El IGIC tenía que haber entrado en vigor en enero de este año, según estableció la ley de reforma de los aspectos fiscales del REF, pero fue pospuesto a petición de Canarias. El ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, ha interpretado ahora la nueva solicitud del Parlamento de las islas, según declaró, como una mera "comunicación" que el Gobierno central no ha tenido en cuenta.

Lectura polémica

El presidente de la CEOE de Tenerife, José Fernando Rodríguez de Azero, calificó esta lectura de "absurda e impresentable". El diputado Luis Mardones, de las Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC), partido que promovió la propuesta de aplazamiento, criticó a Solchaga por obligar a los empresarios canarios "a una improvisación que será una auténtica chapuza".La patronal, que celebrará una cumbre regional el 6 de enero, dio ayer instrucciones a los empresarios de la provincia de Tenerife para que recurran la aplicación del impuesto, presenten los avales "y no ingresen a la hora de su declaración a la Hacienda los correspondientes importes". La CEOE y las cámaras de comercio de las dos provincias canarias, anuncian recursos contra el reglamento general del IGIC, por presuntos defectos de forma.