Acuerdo definitivo para indemnizar a los empleados en el sector aduanero

La Administración, los trabajadores y las empresas han firmado un acuerdo definitivo sobre las indemnizaciones que recibirán los trabajadores de aduanas que resultenafectados por la reconversión del sector como consecuencia de la desaparición del control en las fronteras intracomunitarias a principios del próximo año.El acuerdo ratifica algunos puntos ya pactados semanas atrás, como la aportación de 7.500 millones de pesetas a cargo de la Administración en el caso de que se vean afectados por la regulación del sector el máximo de trabajadores excedentarios calculado por las partes, que se cifra en 4.353 empleados de un total de 8.532 censados actualmente.

El resto de trabajadores del sector seguirán despachando mercancías en las llamadas aduanas exteriores, que se ocupan del tráfico entre España y los países que no forman parte de la Comunidad Europea.

Las principales aduanas interiores que desaparecen son las de Irún (Guipúzcoa), La Jonquera (Gerona) y Badajoz. Las principales aduanas exteriores son, por volumen de tráfico, Barcelona, Valencia, Algeciras, Madrid y Bilbao.

Según fuentes del sindicato Unión General de Trabajadores (UGT), "hay esperanzas de que al final los trabajadores que pierdan su empleo no sean más de 4.00W. Las excedencias se irán pactando en los próximos meses a través de expedientes de regulación que se concretarán empresa por empresa.

Pactos hasta octubre

Los sindicatos creen que estos expedientes en las empresas no se acabarán de pacta¿ como pronto, hasta finales de octubre próximo. A pesar de estas negociaciones, el trabajo de control en las fronteras intracomunitarias se acabará automáticamente el 1 de enero próximo, cuando entrará en vigor el Mercado único, salvo para aquellas mercancías que hayan iniciado los controles aduaneros en 1992 y que, en consecuencia, pueden demorar entre dos o tres meses los trámites para traspasar las aduanas.

Las indemnizaciones pactadas definitivamente son de 40 días por año de servicio para los trabajadores contratados fijos, con un límite máximo de 24 mensualidades y el tope cuantitativo individual de 10 millones de pesetas.

La Administración, según el acuerdo alcanzado por todas las partes, aportará un tercio de estas ayudas. En los casos de empresarios insolventes, la Administración aportará un máximo de dos millones de pesetas por trabajador y en caso de extinción del contrato por jubilación del empresario, la aportación estatal llegará hasta el millón de nesetas.